Familias afectadas por irregularidades en mantenimiento de lagunas Boró
Nota de prensaEpsel ocasionó perjuicio cercano a S/ 2.2 millones y dejó inoperativa la laguna Boró II por decisiones sin sustento técnico
7 de julio de 2025 - 4:20 p. m.
Lambayeque. – La Contraloría General de la República reveló que por decisiones sin sustento técnico y uso inadecuado del presupuesto por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel S.A.) se redujo en casi 80 % la capacidad de almacenamiento de las lagunas Boró, ubicadas en Pomalca. Los trabajos de limpieza y desarenado, adjudicados a un consorcio por S/ 4 006 450 en el 2020, comprometieron el servicio de agua potable para las poblaciones de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y Pimentel.
En el Informe de Auditoría n.° 007-2025-2-3472-AC (periodo de evaluación del 20 de setiembre de 2017 al 30 de noviembre de 2021) se señala que, pese a conocer que las cantidades de sedimento a extraer no estaban bien calculadas para recuperar e incrementar la capacidad de almacenamiento de la laguna Boró II, Epsel S.A. permitió que el contratista iniciara labores que, en efecto, no se completaron.
Para no superar el límite legal del 25 % en adicionales, Epsel S.A. acordó con el contratista usar montos destinados a la laguna Boró II a fin de culminar la limpieza de Boró I. Esta decisión redujo los metrados previstos en la segunda laguna que dejó de funcionar y de acopiar 1.6 millones de m³ de agua cruda, afectando a las poblaciones de esos distritos.
Tras quedar inoperativa, se recurrió únicamente a Boró I para abastecer de agua a la población, lo que requirió mayor uso de químicos para potabilizarla. Los trabajos ejecutados no generaron beneficios reales ni cumplieron la finalidad pública del servicio de limpieza y desarenado de ambas lagunas. El perjuicio económico fue de S/ 1 772 433.
A ello se suma que, Epsel S.A. aprobó —mediante silencio administrativo— dos ampliaciones de plazo (n.º 1 y n.º 2) por un total de 215 días calendario. Una de ellas fue solicitada luego de concluidos los trabajos y la otra se debió a la demora en la entrega de documentación al contratista. Como consecuencia, no se aplicaron penalidades por S/ 400 645, correspondientes al incumplimiento del plazo de ejecución, y al reconocimiento de los 215 días adicionales.
Finalmente, Epsel S.A. aprobó y pagó trabajos de excavación de corte en las lagunas Boró I y II sin exigir sustento técnico válido. Aceptó los volúmenes excavados sin estudios topográficos que lo acreditaran, lo que contravino los requisitos establecidos en las bases integradas y ficha técnica. Como resultado, se generó un nuevo perjuicio de S/ 11 741 en la Boró I.
Por estos hechos se identificó presunta responsabilidad penal y/o civil en siete personas, entre ellas exgerentes, servidores y exservidores de Epsel S.A. El informe fue notificado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República y al presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de Epsel S.A. (OTASS), a fin de que se inicien las acciones legales pertinentes.
Cabe señalar que, debido a las irregularidades, el Estado volvió a invertir en Boró II a través del Gobierno Regional de Lambayeque, que contrató una IOARR por S/ 5 183 147. Esta iniciativa busca reparar la infraestructura y recuperar la capacidad de almacenamiento de dicha laguna a cargo de Epsel S.A.
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En el Informe de Auditoría n.° 007-2025-2-3472-AC (periodo de evaluación del 20 de setiembre de 2017 al 30 de noviembre de 2021) se señala que, pese a conocer que las cantidades de sedimento a extraer no estaban bien calculadas para recuperar e incrementar la capacidad de almacenamiento de la laguna Boró II, Epsel S.A. permitió que el contratista iniciara labores que, en efecto, no se completaron.
Para no superar el límite legal del 25 % en adicionales, Epsel S.A. acordó con el contratista usar montos destinados a la laguna Boró II a fin de culminar la limpieza de Boró I. Esta decisión redujo los metrados previstos en la segunda laguna que dejó de funcionar y de acopiar 1.6 millones de m³ de agua cruda, afectando a las poblaciones de esos distritos.
Tras quedar inoperativa, se recurrió únicamente a Boró I para abastecer de agua a la población, lo que requirió mayor uso de químicos para potabilizarla. Los trabajos ejecutados no generaron beneficios reales ni cumplieron la finalidad pública del servicio de limpieza y desarenado de ambas lagunas. El perjuicio económico fue de S/ 1 772 433.
A ello se suma que, Epsel S.A. aprobó —mediante silencio administrativo— dos ampliaciones de plazo (n.º 1 y n.º 2) por un total de 215 días calendario. Una de ellas fue solicitada luego de concluidos los trabajos y la otra se debió a la demora en la entrega de documentación al contratista. Como consecuencia, no se aplicaron penalidades por S/ 400 645, correspondientes al incumplimiento del plazo de ejecución, y al reconocimiento de los 215 días adicionales.
Finalmente, Epsel S.A. aprobó y pagó trabajos de excavación de corte en las lagunas Boró I y II sin exigir sustento técnico válido. Aceptó los volúmenes excavados sin estudios topográficos que lo acreditaran, lo que contravino los requisitos establecidos en las bases integradas y ficha técnica. Como resultado, se generó un nuevo perjuicio de S/ 11 741 en la Boró I.
Por estos hechos se identificó presunta responsabilidad penal y/o civil en siete personas, entre ellas exgerentes, servidores y exservidores de Epsel S.A. El informe fue notificado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República y al presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de Epsel S.A. (OTASS), a fin de que se inicien las acciones legales pertinentes.
Cabe señalar que, debido a las irregularidades, el Estado volvió a invertir en Boró II a través del Gobierno Regional de Lambayeque, que contrató una IOARR por S/ 5 183 147. Esta iniciativa busca reparar la infraestructura y recuperar la capacidad de almacenamiento de dicha laguna a cargo de Epsel S.A.
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NOTA DE PRENSA N° 585-2025-CG/GCOC
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