Contraloría detecta perjuicio económico de más de S/ 531 mil en Red de Salud San Román

Puno. – La Contraloría General de la República - CGR detectó un perjuicio económico por S/ 531 953 en la Red de Salud San Román de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, luego de verificar que funcionarios de esa entidad administrativa de salud autorizaron el pago de incentivos económicos a trabajadores que incumplían los requisitos establecidos para recibir este beneficio.

Según el Informe de Control Específico n.° 019-2025-2-0670-SCE (periodo 1 de octubre de 2020 al 21 de enero de 2021), se incluyó de forma indebida a personal adscrito a la Red de Salud San Román en la entrega de incentivos económicos por cumplimiento de metas institucionales del año 2019; pese a que esta unidad solo alcanzó un 59.06 % del objetivo. Los recursos habían sido asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al hospital Carlos Monge Medrano, que sí logró el 83 % requerido.

Según el informe, el MEF asignó S/ 1 128 697 al hospital Carlos Monge Medrano por haber cumplido con los criterios establecidos. Sin embargo, funcionarios de la Unidad Ejecutora elaboraron una nómina para 505 personas con un monto total de S/ 11 071 812, incluyendo indebidamente a 34 trabajadores de la Red de Salud San Román, quienes no prestaron servicios y no debían recibir el incentivo económico. Además, se detectaron pagos a 184 trabajadores del nosocomio que registraron inasistencia laboral y a 31 administrativos que no contaban con el sustento ni autorización para ese beneficio.

Estas acciones vulneraron lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 1153, que regulan el otorgamiento de esta bonificación anual, la cual solo puede entregarse a trabajadores que hayan laborado -efectivamente- más de seis meses y, cuya entidad, haya alcanzado el mínimo de metas requeridas.

El informe determinó que estas irregularidades fueron producto de decisiones tomadas por funcionarios que ocupaban cargos en la elaboración de planillas, validación de documentos y autorización de pagos, como el director ejecutivo, el director administrativo, el jefe de Recursos Humanos, entre otros.

Ante ello, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en ocho servidores públicos y recomendó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción dar inicio a las acciones penales correspondientes, con el propósito para que se determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. El informe fue comunicado a las autoridades competentes y se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Control a través del portal institucional: www.gob.pe/contraloria.

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