Contraloría detecta contratación irregular en la Municipalidad Distrital de Alto Biavo
Nota de prensaLos funcionarios omitieron verificar el registro de sanciones, permitiendo pagos por servicios que no se acreditaron completamente
19 de mayo de 2025 - 5:11 p. m.
San Martín.- La Contraloría General de la República identificó una grave irregularidad en la Municipalidad Distrital de Alto Biavo (provincia de Bellavista, región San Martín), tras comprobar que durante el año 2023 dicha entidad contrató en tres oportunidades a un proveedor que tenía un impedimento legal vigente para prestar servicios al Estado.
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 018-2025-2-2980-AOP, el proveedor fue contratado como asesor externo en temas vinculados al sistema de contrataciones públicas, pese a estar inhabilitado desde diciembre del 2018 por una sanción inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). La prohibición tiene carácter permanente según el Decreto Legislativo N.° 1295.
El proveedor suscribió contratos por servicios en enero, julio, agosto y septiembre del 2023. En todos los casos, las órdenes de servicio y los pagos fueron tramitados con la participación del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Gerente Municipal. Incluso se emitieron conformidades por servicios cuya ejecución no se acreditó debidamente o que se presentaron antes del vencimiento de los plazos contractuales.
La contratación de una persona legalmente inhabilitada no solo contraviene la Ley de Contrataciones del Estado, sino que también pone en riesgo la idoneidad del ejercicio de la función pública y el uso adecuado de los recursos públicos. Esta situación vulnera principios básicos de transparencia, legalidad y eficiencia en la administración estatal.
El informe también señala que el funcionario a cargo de la Oficina de Abastecimiento no realizó la verificación obligatoria en el Registro de Sanciones antes de proponer y tramitar las contrataciones. Dicha omisión constituye una infracción al marco legal vigente y a las directivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que exige la revisión del RNSSC antes de cualquier vinculación laboral o contractual.
Ante esta situación, la Contraloría General ha recomendado al titular de la entidad distrital adoptar las medidas correctivas correspondientes. Entre ellas, se incluye iniciar un procedimiento disciplinario para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios implicados, de acuerdo con la gravedad de los hechos.
Este caso evidencia la importancia del control gubernamental y la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión en las entidades públicas, a fin de evitar la reincidencia de hechos similares que menoscaban la confianza ciudadana en la gestión pública.
El informe completo ha sido remitido al alcalde distrital de Alto Biavo, quien deberá informar sobre las acciones adoptadas para atender las recomendaciones formuladas por el órgano de control.
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De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 018-2025-2-2980-AOP, el proveedor fue contratado como asesor externo en temas vinculados al sistema de contrataciones públicas, pese a estar inhabilitado desde diciembre del 2018 por una sanción inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). La prohibición tiene carácter permanente según el Decreto Legislativo N.° 1295.
El proveedor suscribió contratos por servicios en enero, julio, agosto y septiembre del 2023. En todos los casos, las órdenes de servicio y los pagos fueron tramitados con la participación del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Gerente Municipal. Incluso se emitieron conformidades por servicios cuya ejecución no se acreditó debidamente o que se presentaron antes del vencimiento de los plazos contractuales.
La contratación de una persona legalmente inhabilitada no solo contraviene la Ley de Contrataciones del Estado, sino que también pone en riesgo la idoneidad del ejercicio de la función pública y el uso adecuado de los recursos públicos. Esta situación vulnera principios básicos de transparencia, legalidad y eficiencia en la administración estatal.
El informe también señala que el funcionario a cargo de la Oficina de Abastecimiento no realizó la verificación obligatoria en el Registro de Sanciones antes de proponer y tramitar las contrataciones. Dicha omisión constituye una infracción al marco legal vigente y a las directivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que exige la revisión del RNSSC antes de cualquier vinculación laboral o contractual.
Ante esta situación, la Contraloría General ha recomendado al titular de la entidad distrital adoptar las medidas correctivas correspondientes. Entre ellas, se incluye iniciar un procedimiento disciplinario para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios implicados, de acuerdo con la gravedad de los hechos.
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NOTA DE PRENSA N° 435 -2025-CG/GCOC
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