Contraloría evidenció uso indebido de más de S/ 1.2 millones de fondos públicos en Municipalidad Distrital de Río Santiago
Nota de prensaEmisión irregular de cheques sin sustento legal, pone en riesgo ejecución de proyectos esenciales en zonas vulnerables de Amazonas
15 de abril de 2025 - 9:20 a. m.
Amazonas. – La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico al Estado por S/ 1 284 979 en la Municipalidad Distrital de Río Santiago, ubicada en la provincia de Condorcanqui, debido al uso indebido de recursos públicos provenientes de una cuenta restringida destinada a garantizar el cumplimiento de contratos de obras públicas.
Según el Informe de Control Específico n.º 002-2025-2-2900-SCE (periodo de evaluación del 1 de abril al 30 de setiembre de 2024), dos exfuncionarios de la municipalidad habrían emitido cinco cheques con el monto señalado a favor de una empresa; sin vínculo contractual con la entidad edil, utilizando para ello fondos de la “cuenta corriente de retenciones por concepto de garantía de fiel cumplimiento de contratos”, sin contar con autorización ni sustento legal en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Cabe mencionar que la cuenta corriente de retenciones tiene como finalidad salvaguardar recursos en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de empresas proveedoras de servicios o ejecutoras de obras. Su uso indebido representa una grave afectación a la legalidad y transparencia en la gestión pública.
Los fondos desviados formaban parte de la garantía retenida, para asegurar el cumplimiento de ejecución de la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado de Yutupis, así como de la adquisición de insumos alimenticios (como hojuela de kiwicha, soya, chufla, maca, leche y avena enriquecida) para programas de asistencia nutricional dirigidos a comunidades indígenas y población vulnerable del distrito.
El mal uso de estos recursos económicos, amenaza seriamente la ejecución de servicios públicos esenciales en zonas rurales donde persisten altos índices de pobreza, desnutrición infantil y limitado acceso a agua potable, condiciones que ya de por sí vulneran los derechos básicos de cientos de familias.
La Contraloría General ha recomendado al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República el procedimiento sancionador contra los exfuncionarios identificados con presunta responsabilidad administrativa, y ha solicitado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios que emprenda las acciones legales correspondientes por posibles delitos contra la administración pública.
El informe completo se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Buscador de Informes de Control.
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Según el Informe de Control Específico n.º 002-2025-2-2900-SCE (periodo de evaluación del 1 de abril al 30 de setiembre de 2024), dos exfuncionarios de la municipalidad habrían emitido cinco cheques con el monto señalado a favor de una empresa; sin vínculo contractual con la entidad edil, utilizando para ello fondos de la “cuenta corriente de retenciones por concepto de garantía de fiel cumplimiento de contratos”, sin contar con autorización ni sustento legal en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Cabe mencionar que la cuenta corriente de retenciones tiene como finalidad salvaguardar recursos en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de empresas proveedoras de servicios o ejecutoras de obras. Su uso indebido representa una grave afectación a la legalidad y transparencia en la gestión pública.
Los fondos desviados formaban parte de la garantía retenida, para asegurar el cumplimiento de ejecución de la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado de Yutupis, así como de la adquisición de insumos alimenticios (como hojuela de kiwicha, soya, chufla, maca, leche y avena enriquecida) para programas de asistencia nutricional dirigidos a comunidades indígenas y población vulnerable del distrito.
El mal uso de estos recursos económicos, amenaza seriamente la ejecución de servicios públicos esenciales en zonas rurales donde persisten altos índices de pobreza, desnutrición infantil y limitado acceso a agua potable, condiciones que ya de por sí vulneran los derechos básicos de cientos de familias.
La Contraloría General ha recomendado al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República el procedimiento sancionador contra los exfuncionarios identificados con presunta responsabilidad administrativa, y ha solicitado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios que emprenda las acciones legales correspondientes por posibles delitos contra la administración pública.
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NOTA DE PRENSA N° 320-2025-CG/GCOC
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