Sentencian a seis años de prisión efectiva a exfuncionaria del municipio de Chachapoyas

Amazonas.– Un informe de control posterior de la Contraloría General de la República sirvió como insumo para que el Ministerio Público condenara a seis años de prisión a la exdirectora de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas (periodo 2022) por el delito de colusión agravada. Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cargos, empleos o comisiones de carácter público.

Según el Informe de Control Específico N° 017-2024-2-0328-SCE, correspondiente al periodo del 6 de diciembre de 2022 al 14 de marzo de 2023, se evidenció que cinco trabajadores de la entidad otorgaron la conformidad y realizaron el pago por el servicio de cercado y armado de techo para la flota vehicular de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos sin la aprobación del gerente municipal.

Asimismo, se detectó que el servicio no fue ejecutado; a pesar de ello, la entidad pagó al proveedor la totalidad del monto acordado, S/ 32,500, beneficiándolo de manera indebida y sin cumplir con la finalidad pública.

El informe de la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y administrativa PAS en la exdirectora de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, y responsabilidad administrativa en el gerente municipal, así como responsabilidad administrativa PAS en los jefes de administración, finanzas y abastecimiento, y en el responsable de la Unidad de Adquisiciones. El informe fue remitido a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.

El 23 de septiembre de 2024, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chachapoyas dictó una sentencia condenatoria de seis años de pena privativa de libertad efectiva para la exdirectora de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, como autora del delito, y para el proveedor beneficiado, como cómplice por el delito de colusión agravada. Además, se les inhabilitó por cinco años e impuso una reparación civil de S/ 20,000 a cada uno de los implicados.

La Contraloría General de la República reafirma su compromiso de supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar hacia el fortalecimiento y la transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.

Finalmente, se recuerda que está prohibido obtener beneficios o ventajas indebidas mediante el uso del cargo, autoridad o influencia. Infringir esta prohibición es sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de tres ni mayor de cinco años, de acuerdo con la Ley del Código de Ética de la Función Pública.

El informe está publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria, en aras de la transparencia y el acceso a la información.

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