Contraloría General de la República

Estudiar la corrupción y la inconducta funcional es un asunto de política pública de primer orden, pues los costos de ineficiencia que generan este tipo de conductas, muchas veces, están relacionados con la introducción de grandes distorsiones y, por consiguiente, con la falta de alineación de las decisiones políticas con una actitud íntegra y actuación eficiente del Estado. El primer paso para determinar los efectos de la corrupción es, sin duda, la identificación del tamaño de la misma. En tal sentido, a partir de la exploración de los productos del control gubernamental, como la base de un modelo experimental natural de observación directa de la corrupción, este trabajo propone una metodología de cálculo del tamaño de este fenómeno. En otras palabras, sobre la base de la extrapolación del perjuicio económico producido al Estado (i.e. sobrevaloraciones, pagos injustificados, entre otros hechos de similar importancia) respecto del monto examinado durante las intervenciones de control posterior efectuadas para el periodo auditado entre 2017 y 2018 sobre la ejecución presupuestal de esos mismos años, por nivel de gobierno y por grupo genérico de gasto, proponemos estimar el monto de perjuicio económico que se habría producido en el Perú en el año 2019 si se hubieran examinado todas las operaciones del Estado. Los cálculos señalan que alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se habría perdido en 2019 por corrupción e inconducta funcional, siendo las tres circunscripciones territoriales regionales más afectadas, en términos relativos -como porcentaje del respectivo monto de presupuesto ejecutado-, el Callao, Lambayeque y Pasco; y a nivel del gobierno nacional, los sectores de transporte y comunicaciones, salud y educación. 

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