Arequipa: Conadis fiscaliza accesibilidad y presupuesto en entidades públicas en defensa de 151 000 personas con discapacidad

Con el fin de supervisar las condiciones de accesibilidad que, por ley, las entidades públicas deben garantizar para brindar un servicio idóneo a personas con discapacidad, el Conadis viene ejecutando un operativo de fiscalización en la región Arequipa, en defensa de los derechos de 151 470 ciudadanos con discapacidad, según el Censo del 2017. 

Desde la Ciudad Blanca, el Conadis informó que, por cuatro días, el equipo de la Dirección de Fiscalización y Sanciones recorrerá entidades públicas como el Gobierno Regional de Arequipa, las municipalidades provinciales de Arequipa, de Camaná, de Islay, Caylloma, y de Castilla; así como el Hospital Alto Inclán, la I.E. Sebastián Barranca, entre otras. 

Además de verificar que las entidades públicas cumplan con garantizar entornos accesibles para esta población vulnerable, como rampas y señalización adecuada, el Conadis fiscalizará el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad, la cual, para el sector público, representa el 5% del total del personal en planilla. 

Asimismo, los fiscalizadores supervisarán que, tanto el gobierno regional como los gobiernos locales, cumplan con asignar y ejecutar el 1 % de su presupuesto institucional en obras de accesibilidad (0.5 %) y el financiamiento de programas y servicios destinados a la población con discapacidad (0.5 %). 

“Arequipa es una de las regiones con mayor porcentaje de personas con discapacidad a nivel nacional. Sin embargo, también es uno de los departamentos donde más barreras experimenta esta población. Por ello, a través de este operativo de fiscalización, el Conadis identificará posibles incumplimientos a la normativa y, de ser el caso, evaluará el inicio de procedimientos administrativos sancionadores”, indicó la presidenta del Conadis, Sandra Piro.

Es importante destacar que, en el marco de sus competencias y en caso de incumplimiento a la Ley 29973, el Conadis puede imponer sanciones, a través de la aplicación de multas, que van desde 1 hasta las 20 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalente a S/ 103 000.00.