Por un país más inclusivo y accesible

En el Perú, una de cada diez personas tiene algún tipo de discapacidad. Así queda evidenciado, a partir de las cifras del Censo del 2017, que sigue siendo la fuente de datos oficiales más reciente y completa sobre el tema. No obstante, la realidad nos muestra todos los días que estamos lejos de ser un país inclusivo y accesible para un sector de la población de más de 3 millones de personas.

En el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, creemos necesario recalcar el papel clave que deben cumplir los gobiernos regionales y locales para lograr el objetivo de construir un país donde las personas con discapacidad puedan desempeñarse con plenitud, sin barreras, y demostrar que son capaces de hacer grandes cosas.

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 precisa que los gobiernos regionales y locales deben utilizar el 0.5 % de su presupuesto institucional en proyectos de inversión que mejoren la accesibilidad en sus localidades (gastos de capital), así como otro 0.5 % para financiar programas y servicios en beneficio de las personas con discapacidad (gastos corrientes).

Sin embargo, a la fecha, las acciones de fiscalización desplegadas por el Conadis revelan una marcada brecha de incumplimiento en estas disposiciones. Solo el 12 % de entidades públicas, entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, cumplió con asignar el 0.5 % de su presupuesto para gastos corrientes, mientras que el 48 % asignó por debajo de lo estipulado.

En lo respecta a gastos de capital, la realidad es aun más crítica, pues el 80 % de entidades públicas fiscalizadas no cumplió con asignar el 0.5 % de su presupuesto; el 5 % reportó que asignó recursos, pero por debajo de lo establecido; y el 15 % no envió información. Este alto nivel de incumplimiento resulta preocupante, porque significa que no se están llevando a cabo proyectos de inversión que garanticen el desplazamiento seguro de las personas con discapacidad.

Desde el Conadis, consideramos que esta fecha es propicia para invocar a los gobiernos regionales y locales a que presten más atención a su población con discapacidad y cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley. Por nuestra parte, reafirmamos el compromiso de seguir brindándoles la asistencia técnica necesaria de cara a una correcta asignación y ejecución presupuestal, que responda, finalmente, a las necesidades más urgentes de la población con discapacidad de sus jurisdicciones.

Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, en una sociedad con igualdad de oportunidades y sin barreras que frenen su desarrollo.