Gobiernos regionales y locales destinarán el 1 % de su presupuesto para mejorar la atención a la población con discapacidad durante el 2024

A fin de garantizar la ejecución de obras que mejoren la accesibilidad de sus jurisdicciones y el fortalecimiento de programas y servicios sociales en beneficio de las personas con discapacidad, el Congreso de la República aprobó una iniciativa de ley que establece el porcentaje de uso del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y locales destinado la atención de las políticas públicas orientadas a este sector de la población.

Por mayoría, el Pleno aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 2731/2021-CR, 3964/2022-CR, 4041/2022-CR, 4292/2022-CR y 5102/2022-CR, que proponen, principalmente, garantizar el 1 % del presupuesto de ambos niveles de gobierno, para actividades y proyectos orientados a la atención de personas con discapacidad, durante el año fiscal 2024.

En ese sentido, el 0,5 % del presupuesto se destinará a la realización de obras, reparaciones o adecuaciones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como a la realización de mantenimiento, destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades.

El restante 0,5 % del presupuesto institucional se destinará a financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que realizan las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad (Oredis) y las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad (Omaped), establecidos en la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973).

Es importante destacar que, tanto los gobiernos regionales como locales, bajo responsabilidad del titular del pliego, gerente general y gerente municipal, respectivamente, deben remitir un informe anual de rendición de cuentas antes del 31 de marzo de cada año. En el documento se debe incluir los reportes de cumplimiento, resultados de ejecución presupuestaria y los indicadores de desempeño.

El informe debe ser remitido a las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República; de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República; y, finalmente, al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).