Comisión de Inclusión Social del Congreso debate norma para mejorar protección y acceso a derechos de las personas con discapacidad

Los integrantes de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad- CISPD del Congreso de la República iniciaron el debate del predictamen que propone la nueva Ley de la Persona en Situación de Discapacidad para optimizar la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno de derechos humanos y libertades de esta población vulnerable.

Dicho predictamen es el resultado de las distintas sesiones de la Mesa Técnica de Personas con Discapacidad organizado por la CISPD, donde participaron diversas instituciones y colectivos de la sociedad civil, quienes concluyeron en la necesidad de formular una nueva ley que incorpore aportes de los actores directamente involucrados.

Para la propuesta en mención, también se acumulan diversos proyectos de ley presentados por los congresistas de todas las bancadas en los periodos 2016-2019 y 2020-2021 y se plantea un nuevo texto normativo que actualiza la Ley General de la Persona con Discapacidad promulgada en el 2012.

Al respecto, la presidenta de la CISPD, Mirtha Vásquez sustentó dicha iniciativa legislativa y explicó que incorpora dos términos basados en el enfoque de derechos: “la persona en situación de discapacidad” por ser más inclusivo y “discapacidad grave”, de acuerdo al Clasificador Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud aprobado por la OMS.

Asimismo, dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinden la asistencia legal gratuita a las personas en situación de discapacidad y de pobreza, para la defensa de sus derechos fundamentales.

Otra de las novedades de este predictamen es que incorpora el uso de perros guías para la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y establece que las municipalidades verifiquen el cumplimiento de las condiciones de edificaciones públicas y privadas antes de otorgar las licencias de funcionamiento o autorización correspondiente, en el caso de inmuebles o espacios donde se realicen espectáculos públicos o actividades; garantizando condiciones de ingreso, áreas y ambientes preferentes para las PCD.

De igual manera, señala que el Seguro Integral de Salud (SIS) deberá afiliar en forma directa al régimen de financiamiento subsidiado, a la persona en situación de discapacidad que no cuente con seguro de salud.

También, incorpora el derecho del trabajador a la licencia para asistencia médica y terapia de rehabilitación de sus hijos menores en situación de discapacidad sujetos a su tutela, de acuerdo a los artículos 38 y 39 del predictamen.

“Una disposición con especial importancia es la que establece que las empresas públicas y empleadores privados que superen la cuota mínima establecida del 5% serán acreedoras de beneficios, mientras que el Ministerio de Trabajo fiscalizará y sancionará a quienes incumplan las cuotas de empleo”; detalla el numeral 3 del artículo 68 de la norma.

Sobre el acceso a programas sociales, el predictamen indica que se deberá brindar atención preferente a las personas en situación de discapacidad y para ello, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tendrá que incorporar el criterio “factor discapacidad” en la construcción del padrón general de hogares elaborado por el SISFOH.

“Respecto a la pensión no contributiva a las personas en situación de discapacidad grave, ésta se pagará bimensualmente en su domicilio o a través de medios accesibles que no pongan en riesgo la salud o integridad física. Para acceder a dicha pensión, se acreditará con el certificado expedido por los médicos registrados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), públicas, privadas y mixtas a nivel nacional”, señala el artículo 80.

Para seguir debatiendo los alcances de este predictamen y recibir más aportes, los integrantes de la CISPD, comprometidos con la consulta a actores directamente involucrados, acordaron por mayoría conformar una mesa técnica que cuente con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad e instituciones públicas, quienes presentarán una propuesta final en 15 días.

Fuente : Congreso de la República - CISPD