Gobiernos regionales fortalecen su ejecución presupuestal en discapacidad con el apoyo técnico del MIMP Conadis

Durante el primer semestre de 2025, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a través de la Subdirección de Políticas Públicas, llevó a cabo talleres de capacitación dirigidos a los 26 gobiernos regionales del país. De esta manera, se ofrecieron orientaciones técnicas y prácticas para garantizar una adecuada ejecución del presupuesto institucional destinado a la atención de las personas con discapacidad. Asimismo, estas actividades responden al cumplimiento de la normativa vigente, que dispone que al menos el 1% del presupuesto institucional sea asignado a acciones que promuevan los derechos y la inclusión de esta población.

Las sesiones fueron prácticas y explicaron de forma clara los pasos para elaborar propuestas que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad. También se brindó orientación técnica sobre el uso adecuado del 0.5 % del presupuesto institucional, que debe destinarse al fortalecimiento de las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS), las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) y a la mejora de la accesibilidad en la infraestructura pública.

Asimismo, el MIMP Conadis trabajó de manera coordinada con la Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que brindó los lineamientos técnicos necesarios para guiar correctamente la inversión destinada a mejorar las condiciones de infraestructura pública.

Como resultado, se capacitó a 510 servidores públicos pertenecientes a 30 instituciones regionales y municipales. Del mismo modo, durante el segundo semestre del año se dará continuidad al plan de trabajo establecido, con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas de 13 nuevas entidades y avanzar hacia una gestión pública más inclusiva.

De esta manera, el MIMP Conadis continúa enfocando sus acciones en fortalecer el conocimiento de servidores y funcionarios públicos en materia de discapacidad, a fin de asegurar la adecuada toma de decisiones.