Ministra Montellanos: “Trabajamos para fortalecer el liderazgo del Conadis con estrategias de inclusión”

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) presentó su agenda de prioridades para el segundo semestre del año, reafirmando su compromiso con la protección de derechos, la mejora de servicios y el fortalecimiento de la gestión pública con enfoque inclusivo.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, lideró la sesión junto al viceministro de Poblaciones Vulnerables, Carlos Villela. La exposición institucional estuvo a cargo de la presidenta del Conadis, Sandra Piro, acompañada de su equipo directivo; quienes presentaron los principales avances del primer semestre, se identificaron desafíos pendientes para el año en curso y se detallaron las principales acciones que se ejecutarán en los próximos meses.

En línea con la política de atención descentralizada, la agenda institucional contempla la ampliación de los servicios en las regiones bajo una estrategia de permanente articulación con gobiernos regionales y locales.

Durante la sesión, se abordaron prioridades a nivel presupuestal, cierre de brechas en certificación y fiscalización, el rol sancionador de la institución y la importancia de continuar trabajando de la mano con organizaciones de sociedad civil.

“Vamos a acompañar cada acción que garantice el acceso a derechos de manera oportuna y con enfoque inclusivo. Para el sector es muy importante seguir trabajando sobre la base de una casuística real”, destacó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos.

Por su parte, la presidenta del Conadis, Sandra Piro sostuvo que, “el compromiso es avanzar con decisión hacia un país más justo, donde las personas con discapacidad no solo accedan a servicios, sino que lo hagan en igualdad de condiciones y sin obstáculos. Lo que resta del 2025 será preciso para consolidar los cambios que ya estamos impulsando”.

Bajo esta dirección, el MIMP Conadis reafirma su agenda de trabajo en la implementación de políticas públicas inclusivas, consolidando su articulación con los tres niveles de gobierno y garantizando que los derechos de las personas con discapacidad se ejerzan plenamente en todo el país.