Reconocimiento de la capacidad jurídica: respeto a la voluntad y autonomía de las personas con discapacidad

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

En un esfuerzo por promover la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Discapacidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (GRIDIS) y la Facultad de Derecho de la PUCP, organizó el conversatorio titulado “Tendencias en el Reconocimiento de la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad”.

El evento reunió a expertos en el tema, académicos, notarios, jueces, defensores de derechos humanos, autoridades del sector y público en general, quienes discutieron sobre los avances y desafíos en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad en el país. La jornada fue un espacio clave para reflexionar sobre la importancia de garantizar que todas las personas, sin distinción, puedan ejercer sus derechos con autonomía.

Durante el conversatorio, se destacó que la legislación peruana ha avanzado en los últimos años, alineándose con los estándares internacionales. En ese sentido, la presidenta del Conadis, Sandro Piro Marcos, señaló que “la institución reafirma su compromiso con la inclusión y la garantía de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, asegurando que puedan ejercer sus derechos de manera plena y sin discriminación”.

Además, el conversatorio también fue una oportunidad para analizar cómo, a través de políticas públicas, el país sigue dando pasos hacia una verdadera inclusión social, respetando la dignidad y autonomía de todas las personas, independientemente de su condición.

Al respecto, en el año 2023, el Conadis emitió el Informe Técnico Vinculante N° D000004-2023-CONADIS-DPI, en el cual se destaca el derecho de las personas adultas mayores con discapacidad, incluidas aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial, a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.

Dicho informe basado en entrevistas a notarios y análisis de resultados, concluye que:

No se debe solicitar un certificado de salud mental o médico a las personas adultas mayores con discapacidad, pues esto constituye una discriminación.
No se debe condicionar la presencia de un tercero (familiar o persona de apoyo) para realizar trámites notariales, ya que esto vulnera su autonomía.
Las notarías deben verificar la voluntad de la persona adulta mayor con discapacidad, respetando su capacidad para tomar decisiones.
Las notarías desempeñan un papel fundamental como salvaguardias en la protección de los adultos mayores con discapacidad en los servicios notariales.

Accede a la transmisión del evento en: https://www.facebook.com/share/v/1DvDV6itep/