Informe Técnico Vinculante N° D000005-2025-CONADIS-DPSGE - Supervisión a la implementación de apoyos y salvaguardias
Informe
1 de agosto de 2025
- El Decreto Legislativo N° 1384 y su Reglamento han consolidado el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y han sustituido el modelo de interdicción por un sistema de apoyos y salvaguardias. No obstante, persisten múltiples inconsistencias entre el diseño legal y su aplicación real principalmente en sede judicial, lo que limita la efectividad de la reforma y la garantía plena de los derechos de las personas con discapacidad.
- A pesar de los esfuerzos institucionales desarrollados por el Poder Judicial, como la aprobación del Protocolo de atención judicial a personas con discapacidad, los Plenos Jurisdiccionales Nacionales que ratifican la capacidad jurídica plena y la implementación de procesos de capacitación para operadores de justicia, persisten brechas significativas entre el marco normativo y su aplicación práctica. Los hallazgos de esta supervisión evidencian una distancia entre los estándares desarrollados por el propio sistema de justicia y las actuaciones concretas en los procesos de restitución de capacidad jurídica y designación de apoyos, lo cual compromete la efectividad de la reforma.
- En varios de los procesos analizados se identificaron prácticas que contravienen directamente los principios de gratuidad, celeridad y autonomía: uso indebido de aranceles, exigencia de requisitos no previstos para la admisibilidad de las solicitudes de designación y reconocimiento de apoyos y salvaguardias, interpretaciones erróneas sobre la voluntad de la persona con discapacidad, y recurrencia de estereotipos capacitistas que equiparan la figura del apoyo con formas previas de sustitución de voluntad.
- Aunque la mayoría de procesos incluyeron alguna forma de salvaguardias, como rendición de cuentas, revisiones periódicas o visitas domiciliarias, estas medidas suelen ser genéricas y poco adaptadas a las necesidades individuales de cada persona. Además, la práctica del archivamiento provisional de expedientes por falta de impulso procesal dificulta el seguimiento efectivo de las medidas dispuestas y debilita su función protectora.
- A nivel registral, la clasificación actual de actos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la falta de obligatoriedad de comunicar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil los levantamientos de interdicción, genera serias limitaciones para contar con información precisa sobre cuántas personas han recuperado formalmente su capacidad jurídica en el marco del Decreto Legislativo N° 1384.
- En sede notarial, si bien se evidenció un mayor respeto por la voluntad y preferencias de los solicitantes, mediante referencias a la historia de vida o decisiones anticipadas, solo el 15 % de las personas que accedieron a estos procesos eran personas con discapacidad. Además, se identificaron salvaguardias que resultan inaplicables debido a la ausencia de entidades responsables de su supervisión.
- Los hallazgos de esta supervisión revelan la necesidad de impulsar procesos continuos de capacitación para operadores de justicia y notarios en el modelo social de la discapacidad, el uso de lenguaje inclusivo y técnicas de comunicación alternativa, así como en el diseño individualizado de apoyos y salvaguardias. Asimismo, resulta indispensable establecer mecanismos institucionales de monitoreo, como sistemas de alertas, responsables designados y protocolos de actuación, que garanticen la implementación efectiva del régimen de apoyos y salvaguardias en el país.
Esta publicación pertenece al compendio Colección de informes técnicos vinculantes
