Pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación

El Consejo Nacional de Educación del Perú (CNE) expresa su más enérgica condena ante las más de 500 denuncias realizadas por el pueblo Awajún, de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, contra profesores involucrados en casos de abuso, acoso sexual y transmisión de VIH. Las violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes merecen nuestro repudio y constituyen graves delitos que atentan contra los Derechos Humanos. Es un problema público presente, que arrastramos desde hace mucho tiempo, con consecuencias graves en la salud emocional y desarrollo integral de los estudiantes. Las violaciones sexuales alcanzan el segundo lugar de los delitos registrados en las penitenciarías del país, lo que da cuenta de su alarmante dimensión nacional.

En este contexto, es crucial recordar que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 4 que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”. Además, el Código de los Niños y Adolescentes del Perú garantiza el respeto a la integridad moral, psíquica y física de los menores, señalando que “Es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en el presente Código y en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala en su artículo 22 que "Los Estados tomarán medidas, en conjunto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de la plena protección y garantías contra toda forma de violencia y discriminación".

En consecuencia, constituye ineludible obligación de las autoridades competentes de los sectores de Educación, Inclusión Social, Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Público y Poder Judicial atender urgentemente las denuncias de niñas, niños y adolescentes de nuestros pueblos originarios, víctimas permanentes por más de una década. Es lamentable que, de numerosos casos, solo 121 profesores hayan sido sancionados, y que muchos hayan prescrito por indiferencia, corrupción y burocracia, negando justicia a las víctimas.

Instamos a investigaciones rápidas y exhaustivas y a imponer las sanciones más severas para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, con especial atención en las poblaciones más vulnerables, de modo que creen precedentes claros y firmes en el sentido que estos delitos no quedan impunes en ningún caso.

Además, exhortamos llevar a cabo una estrategia integral y multisectorial, que convoque a los poderes del Estado, la comunidad educativa, las autoridades de las comunidades indígenas, las familias, la academia, el sector privado, entre otros, para tomar acciones ejemplares y prevenir futuros delitos y afectación a la salud y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes; garantizando su derecho a crecer con dignidad, salud y bienestar físico y mental.

Por otro lado, es indispensable identificar, reconocer y abordar los problemas estructurales que minimizan y normalizan estos delitos, los cuales generan actitudes de indiferencia, insensibilidad y negligencia. La institución educativa se convierte en el lugar seguro y estratégico para combatir y solucionar estas cuestiones estructurales trabajando el pensamiento crítico y sensibilizando a toda la comunidad educativa y autoridades del sector educación.

Nos comprometemos a seguir difundiendo y procurar la implementación del Proyecto Educativo Nacional al 2036 (PEN al 2036), que en su propósito de Bienestar Socioemocional señala que todos tenemos derecho a disfrutar a lo largo de nuestras vidas de experiencias educativas provistas de sentido y propósito, que nos aseguren la autorrealización y trascendencia en un marco de respeto y valoración de las diferencias. Por tanto, corresponde a las autoridades educativas, instituciones de enseñanza, docentes, familias y hogares, constituir entornos seguros y saludables que promuevan el derecho a la educación, derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú, que incluye acceso, continuidad y calidad educativa, en particular para aquellos en estado de vulnerabilidad.

Finalmente, cabe mencionar, que la Orientación Estratégica 9 del PEN al 2036 señala que las instancias de gestión educativa del Estado deben operar orientadas hacia el ciudadano, en ese sentido se requiere instalar mecanismos reales de denuncia accesibles de manera que los casos sean atendidos y sancionados con celeridad. Asimismo, recomendamos mantener actualizado un registro, en alianza con el Poder Judicial, para garantizar que los docentes que hayan incurrido en casos de violencia sexual queden inhabilitados para ejercer la docencia en instituciones educativas públicas y privadas.

El CNE, en ejercicio de su función articuladora, seguirá trabajando para la implementación de los postulados establecidos en el PEN al 2036 en conjunto con los gobiernos regionales y locales, sensibilizando acerca de la enorme importancia del desarrollo integral de los estudiantes, en lo cognitivo, psicológico, espiritual, físico y en todo el territorio nacional.