El PEN al 2036 tiene respuestas para los proyectos educativos regionales y las necesidades de la educación básica alternativa
Nota de prensa
15 de noviembre de 2021 - 5:07 p. m.
Del 8 al 12 de noviembre, el Consejo Nacional de Educación (CNE) participó de diversos eventos organizados por la comunidad educativa, en los que se destacó que el Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena, es un marco estratégico de la educación que la afirma como un derecho, ejercido desde la primera infancia hasta la adultez mayor, y se enmarca en un periodo de quince años.
El jueves 11, se realizó el Taller sobre la formulación del PER en la región Ica, en la que se contó con el apoyo de la oficina de Unesco en Lima. La consejera enlace de la región, Rocío Muñoz, saludó la realización de esta capacitación, que servirá para poder formular el proyecto educativo regional de acuerdo a lo establecido en el PEN al 2036 y a la realidad de este territorio.
El viernes 12, la secretaría ejecutiva del CNE, María Luisa Benavides, participó en el Primer Encuentro de Líderes Estudiantiles de los Centros de Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva (CEBA y Cetpro), organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 07 de Lima Metropolitana, en el que se destacó el PEN al 2036.
Benavides manifestó que el PEN al 2036 ya está en manos de uno de los importantes actores de la comunidad educativa, como son los estudiantes de los CEBA y Cetpro; y que tanto la movilización de estos, así como la acción del Estado en favor de quienes menos oportunidades tienen, ayudará a lograr la ciudadanía plena que se ha planteado en este documento. En ese sentido, destacó que la visión del PEN contempla que todas las personas nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, con libertad para consolidar proyectos personales y colectivos que beneficien a nuestra comunidad.
El PEN al 2036 es el marco estratégico que orienta las políticas públicas en el sector Educación, así como las instancias de los gobiernos regionales y locales. Luego de un largo proceso de consulta, fue aprobado por el Poder Ejecutivo en julio del 2020 y tiene una vigencia de 15 años.