Día 1: Encuentro Nacional de Educación reafirma compromiso con una educación inclusiva, sostenible y con sentido ciudadano

El Consejo Nacional de Educación (CNE) inauguró el Encuentro Nacional de Educación, un espacio de diálogo y concertación que reunió a representantes del sector educativo público y privado de todo el país, quienes acompañaron la presentación del documento Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana (PDEP), que contiene las quince prioridades educativas para el próximo quinquenio. Estas prioridades, alineadas al Proyecto Educativo Nacional al 2036, son el resultado de un amplio proceso de consenso alcanzado a través de 26 diálogos nacionales y regionales.

Durante la apertura, el presidente del CNE destacó que, en un contexto de inestabilidad política, la capacidad de diálogo y el fortalecimiento de la institucionalidad son fundamentales para dar continuidad a las políticas de Estado. Anunció, además, la próxima firma de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que permitirá convocar a los partidos políticos y presentarles las propuestas del Plan de Desarrollo de la Educación Peruana, un documento que coloca a las personas en el centro del sistema educativo y que demanda la articulación entre el Estado y la sociedad civil para su implementación efectiva.

A lo largo de la jornada se presentaron reflexiones sobre los cambios estructurales que requiere la educación peruana para alcanzar calidad y equidad. Se señaló que no basta con soluciones parciales o de corto plazo, sino con decisiones sostenibles, innovadoras y respaldadas por un presupuesto suficiente. Entre las transformaciones necesarias se planteó fortalecer la gestión descentralizada mediante redes educativas, simplificar el currículo, otorgar autonomías diferenciadas a las instituciones, rediseñar la formación docente bajo modelos duales y priorizar la educación técnica, híbrida y continua.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la exposición sobre la formación ciudadana, donde se subrayó la urgencia de construir una “Sociedad Educadora” que involucre a la escuela, la familia, los medios, las organizaciones y el barrio en la tarea común de formar ciudadanos críticos y corresponsables. Se advirtió que el país atraviesa una crisis de valores marcada por la desconfianza y la ruptura con las instituciones, lo que debilita la cohesión social. Frente a ello, se insistió en la necesidad de recuperar el sentido ético, la deliberación y la participación democrática desde la vida escolar cotidiana.

Durante el bloque regional, representantes de distintas regiones del país presentaron avances y desafíos de sus Proyectos Educativos Regionales, destacando la utilidad del PEN 2036 como brújula para orientar políticas locales. Coincidieron en que la descentralización educativa sigue siendo un proceso inconcluso y que las regiones necesitan mayor autonomía, competencias reales y recursos sostenidos para implementar sus propuestas.

Las mancomunidades regionales también compartieron experiencias de articulación en torno a metas comunes, como la mejora de aprendizajes y la reducción de la anemia infantil. Se destacaron estrategias que buscan colocar al estudiante en el centro del sistema educativo, promoviendo la colaboración intergubernamental, la planificación articulada y la inversión compartida entre niveles de gobierno.

Posteriormente, se abordó la prioridad sobre educación inclusiva en y para la diversidad. Se recordó que la inclusión educativa no debe reducirse a la atención de personas con discapacidad, sino asumirse como una práctica que garantice el derecho a aprender de todos, reconociendo la pluralidad cultural, lingüística y territorial del país. Los participantes coincidieron en que el reto está en sostener políticas con continuidad y en fortalecer la formación docente para responder a la diversidad con pertinencia y equidad.

La jornada culminó con la presentación de la prioridad sobre el desarrollo profesional docente. Se reafirmó que la revalorización de la docencia pasa por garantizar condiciones laborales dignas, acceso a salud mental y trayectorias formativas flexibles. También se destacó la importancia del licenciamiento de los institutos pedagógicos como mecanismo para asegurar estándares mínimos de calidad y reducir brechas en la formación del magisterio, especialmente en zonas rurales.