Congreso Ceplan Planifica Perú 2050: Expertos plantean un nuevo enfoque de soberanía en fronteras basado en el cierre de brechas y servicios

La seguridad del país no puede abordarse de manera aislada del desarrollo social y la garantía de derechos básicos en los territorios más alejados. Esta fue una de las principales conclusiones del panel “Derecho y Soberanía en la Frontera: Acceso al agua, vivienda y seguridad como base de una vida digna”, realizado en el marco del IV Congreso Internacional Planifica Perú 2050, organizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

El panel contó con la participación del vicealmirante (r) y exministro de Defensa, Jorge Moscoso Flores; al director del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Max Carvajal Navarro; al politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Leónidas Ramos Morales; y al coordinador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Iván Lanegra. El panel fue moderado por el especialista del Ceplan, Nilton Quiñones, quien enmarcó el debate en el Objetivo Nacional 1 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, recordando que las fronteras concentran algunas de las brechas sociales más profundas del país.

Las intervenciones se desarrollaron en dos momentos. En la primera ronda, los panelistas abordaron los principales nudos críticos que afectan a las zonas fronterizas, mientras que en la segunda presentaron propuestas orientadas al próximo quinquenio gubernamental, con énfasis en la necesidad de alinear la planificación nacional con las dinámicas locales.

Durante su intervención, Leónidas Ramos advirtió sobre la débil articulación entre ciudades amazónicas intermedias, como Iquitos o Pucallpa, y los territorios rurales que las rodean. Según explicó, esta desconexión limita la provisión de servicios básicos y profundiza desigualdades. En ese sentido, subrayó la importancia de que los planes nacionales de desarrollo sean discutidos y asumidos por los actores políticos regionales, para evitar que se perciban como documentos lejanos a la realidad territorial.

Por su parte, Iván Lanegra señaló que la diversidad de los más de 80 distritos fronterizos exige respuestas diferenciadas. Alertó que la ausencia sostenida del Estado facilita la expansión de economías ilegales, como la minería ilegal o el narcotráfico, que terminan siendo socialmente aceptadas al ofrecer ingresos inmediatos. Frente a ello, propuso fortalecer y ampliar modelos de intervención itinerante, como las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), así como el uso de tecnologías para la atención en salud y educación a distancia. Remarcó que la interculturalidad solo es posible cuando existe una estructura estatal básica que funcione de manera continua.

Desde una mirada estratégica, Jorge Moscoso Flores describió lo que denominó un “círculo de vulnerabilidad” en el que viven los pobladores de frontera, marcado por pobreza, presión de organizaciones criminales y alta exposición a desastres naturales agravados por el cambio climático. Destacó que la Amazonía, que representa cerca del 60 % del territorio nacional, enfrenta desafíos logísticos que no han sido resueltos con esquemas tradicionales de gestión. En ese contexto, planteó la necesidad de una Política Nacional Fluvial Amazónica, que reconozca a los ríos como ejes de integración y desarrollo para más de 1.6 millones de personas.

En el ámbito de los servicios básicos, Max Carvajal sostuvo que en las zonas rurales de frontera el agua cumple una doble función: consumo humano y sustento productivo. Explicó que las soluciones convencionales de infraestructura pueden tardar años en llegar, por lo que se requiere implementar tecnologías no convencionales y temporales que aseguren el acceso inmediato al recurso. Asimismo, propuso avanzar hacia una política multisectorial de agua al 2050, que articule vivienda, salud y educación en soluciones integrales orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población rural.

El panel concluyó que la articulación entre sectores y la legitimidad social de las intervenciones del Estado son indispensables para cerrar brechas en frontera. Los especialistas coincidieron en que solo una presencia estatal constante, coordinada y respetuosa de la diversidad cultural permitirá que los grandes objetivos del PEDN al 2050 se traduzcan en mejoras concretas para las poblaciones que habitan y resguardan las fronteras del país.