Comité Multidisciplinario impulsa acciones inmediatas para fortalecer seguridad ciudadana en coordinación con instituciones del Estado

El Comité Multidisciplinario de Seguridad Ciudadana, creado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) para promover el trabajo conjunto entre entidades públicas, sociedad civil y especialistas, realizó una sesión extraordinaria con el fin de avanzar en una propuesta de corto plazo que será presentada a la Presidencia de la República. Esta iniciativa busca complementar los esfuerzos de mediano y largo plazo -ya en marcha- para reforzar la seguridad en el país.

Durante la reunión, los integrantes del comité revisaron los desafíos vinculados a la actual situación de inseguridad y evaluaron los avances de las etapas de diagnóstico, análisis y elaboración de estrategias integrales. Se destacó la urgencia de contar con medidas concretas que generen resultados visibles en el corto plazo, sin perder de vista las acciones sostenidas que apuntan a cambios estructurales en la gestión de la seguridad.

Entre los temas abordados figuraron la reforma policial y la integridad institucional; el control de armas; las capacidades de investigación y tecnología; la prevención del delito; el control fronterizo; la gestión de información e indicadores; y el control del crimen desde los establecimientos penitenciarios.

En su intervención, el presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial, Jhonny Contreras Cuzcano, resaltó que el análisis realizado por el Comité evidenció una falta de articulación entre diversas instituciones del Estado. Sostuvo que persisten actitudes de personalismo e individualismo que afectan el funcionamiento institucional. Por ello, destacó la necesidad de fortalecer la cohesión entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para enfrentar de manera conjunta y eficaz a la delincuencia.

A su turno, la experta de CEDRO, Nancy Arellano, subrayó la importancia de reforzar las estrategias de prevención social mediante campañas de denuncia ciudadana. Explicó que uno de los principales retos es la desconfianza de la población hacia las instituciones, por lo que resulta clave recuperar la credibilidad y promover una cultura de participación activa frente a los hechos delictivos.

Por su parte, el Fiscal Adjunto Superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, Angello Pacheco, señaló que en el sector transporte se presentan dos formas diferenciadas de criminalidad. Por un lado, conductas motivadas por el lucro inmediato, incluso a costa de la seguridad de los usuarios. Por otro lado, dinámicas relacionadas con problemas en el tejido social, marcadas por divisiones institucionales e ideológicas que dificultan el trabajo conjunto. Añadió que factores como la falta de educación, las escasas oportunidades económicas y la ausencia de espacios de desarrollo influyen en que muchos jóvenes ingresen a actividades delictivas. En esa línea, remarcó la urgencia de impulsar propuestas que reduzcan los espacios aprovechados por la criminalidad, integrando acciones preventivas, educativas y de control.

Durante la sesión, también se presentaron aportes preliminares del XXI Foro del Futuro: Seguridad y Democracia: Lecciones Globales para enfrentar la Inseguridad Ciudadana en el Perú, organizado por el Ceplan. En este espacio, especialistas nacionales e internacionales compartieron experiencias y buenas prácticas que servirán como insumo para fortalecer la propuesta en elaboración. Estos aportes serán sometidos a análisis, discusión y validación para garantizar su pertinencia y viabilidad.

El Comité coincidió en que el país atraviesa un momento clave para consolidar una visión compartida frente a la inseguridad, un problema que afecta a millones de ciudadanos y que requiere intervenciones coordinadas y oportunas. La propuesta que se presentará a la Presidencia de la República representa un paso significativo para ofrecer recomendaciones consensuadas que contribuyan a fortalecer la seguridad y promover una convivencia más segura en todo el territorio nacional.