Arqueólogo de la Zona Arqueológica Caral sufre agresión por realizar trabajos de investigación

Arqueólogo de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) del Ministerio de Cultura, fue agredido cuando se disponía a realizar sus trabajos de investigación en el sitio arqueológico Caral-Chupacigarro, ubicado en el valle de Supe, provincia de Barranca Región Lima.

Las amenazas y la campaña de difamación, calumnia, amedrentamiento y hostigamiento contra los trabajadores que buscan recuperar la información histórica de los orígenes de la civilización Caral se hicieron realidad este miércoles, 20 de enero, cuando el arqueólogo Alan Ríos, Jefe de Campo, fue atacado arteramente por uno de los invasores.

“Estábamos por realizar el trabajo de intervención arqueológica en Chupacigarro. Estaba caminando hacia el lugar donde íbamos a iniciar los trabajos arqueológicos cuando fui atacado por la espalda”, contó Ríos mientras salía del médico legista.

Como es de conocimiento público desde hace unos meses los servidores de la Zona Arqueológica Caral, han recibido amenazas, agresiones verbales y físicas, por parte de un grupo de personas que buscan perpetuar su posesión ilegal en terrenos a nombre del Ministerio de Cultura y declarados Patrimonio Mundial y que, además, guardan importantes evidencias para el entendimiento del desarrollo de la Civilización Caral, en el valle de Supe, provincia de Barranca, región Lima.

Estas acciones reprochables se han suscitado luego de que la ZAC, en cumplimiento de sus funciones de velar por la protección de los centros urbanos de la primera civilización de América, y con pleno respeto de la normatividad vigente en materia de propiedad y del patrimonio cultural, denunciara que se han realizado afectaciones y construcciones ilegales, dentro del sitio arqueológico Caral-Chupacigarro, inscrito en los registros públicos a nombre del Ministerio de Cultura desde hace 15 años.

Por otro lado, en un mal interpretado ejercicio del derecho de libertad de expresión se ha desplegado una intensa campaña de difamación y calumnia contra los trabajadores de la Zona Arqueológica Caral. Esta campaña, realizada fundamentalmente a través de las redes sociales, busca desprestigiar a la doctora Ruth Shady, una de las principales arqueólogas peruanas y directora de la Zona Arqueológica Caral con la finalidad de apropiarse de forma ilegal de 38 hectáreas de terrenos que guardan bajo la superficie importantes evidencias arqueológicas.

La denuncia por la agresión sufrida por el arqueólogo Jefe de Campo de Caral ya se encuentra en conocimiento de las autoridades y se espera la intervención de las autoridades policiales y la Fiscalía. Por todos estos sucesos, la Zona Arqueológica Caral ha solicitado a las autoridades, la Policía Nacional del Perú y Fiscalía de Barranca, a ejecutar las acciones respectivas para salvaguardar la integridad física de los arqueólogos, excavadores, conservadores, topógrafos, entre otros servidores, a fin de evitar otras y más graves agresiones.

El artículo 21 de la Constitución Política del Perú consagra que “Los yacimientos y restos arqueológicos, (…) expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación (...) Están protegidos por el Estado”.

Es importante destacar que el sitio arqueológico Caral se encuentra reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional del Instituto Nacional de Cultura N° 720/INC publicada el 20 de setiembre del 2002 y ratificada mediante la Resolución Viceministerial N° 256-2011-VMPCIC-MC del 03 de marzo del 2011.

Mediante la resolución N° 002-2005/SBN-GO-JAR de la Superintendencia de Bienes Nacionales publicada el 24 de enero del 2005, se dispuso la primera inscripción de dominio a favor del Estado de los terrenos donde se encuentran los sitios arqueológicos de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe.

Posteriormente, a través de la resolución N° 138-2006/SBN-GO-JAD de la Superintendencia de Bienes Nacionales emitida el 16 de noviembre de 2006, se declaró la Transferencia Patrimonial Predial de Caral a favor del Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura). Caral está inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como propiedad del Ministerio de Cultura con el código N° 80027096.

En esta formalización de un sitio arqueológico declarado como de Interés Nacional ningún terreno de propiedad privada ha sido afectado. Estas propiedades aledañas al sitio arqueológico fueron reconocidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales, pues es un derecho consagrado por el artículo N° 2, inciso 16, de la Constitución Política del Perú.

En 1982 el Perú se adhiere a la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como Estado parte el país logra que la Ciudad Sagrada de Caral-Supe sea incluida en la Lista del Patrimonio Mundial durante el año 2009.

La comparación de la fotografía aérea de 1943 y la imagen satelital del 2020 hace evidente la destrucción de 38 hectáreas del patrimonio arqueológico de todos los peruanos realizada por la autodenominada “Irrigación El Rosario”, conformada por una familia sin lugar de residencia en el valle. La llamada “Irrigación El Rosario” pretendió expandir la frontera agrícola después de la Reforma Agraria a costa de la destrucción de los sitios arqueológicos. Remojó, removió, desmontó y destruyó evidencias arqueológicas de los orígenes de la civilización humana.

Frente a la resistencia y desacato de la ley, de quienes conforman esta única familia, el Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura) a través de su Unidad Ejecutora 003, Zona Arqueológica Caral, inició los correspondientes procesos judiciales en el fuero civil para efectuar la recuperación de la propiedad del Ministerio de Cultura, ilegalmente ocupada, lográndose sentencias favorables al Ministerio de Cultura en Primera Instancia (resolución N° 24-2015), Segunda Instancia (resolución N° 32-2016) y la Corte Suprema de Justicia de la República. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente (CAS. N° 8285-2016).

Desde que se iniciaron las acciones para salvaguardar las evidencias del patrimonio arqueológico de la Civilización Caral los miembros de esta única familia han pretendido confundir a los vecinos del valle de Supe afirmando que a todos los agricultores se les “quitarán sus terrenos agrícolas” con la intención de manipular su buena fe y sentido de solidaridad con la finalidad de ganar aliados en su afán de apropiarse ilícitamente del patrimonio arqueológico de la Civilización Caral, cuyo valor universal excepcional exige al Estado peruano, se conserve como legado para toda la humanidad.