Agenda Anticorrupción: Medidas a corto y mediano plazo a impulsar durante el gobierno de transición

Lamentablemente, el Bicentenario no encontró a los peruanos y peruanas «firmes y felices por la unión», cumpliendo el viejo anhelo acuñado poco después de la independencia. Por el contrario, nos halló enfrentados y aún inmersos en la indefinición de temas de vital importancia para la conducción de los asuntos de interés público en una república democrática.

En ese sentido, seguimos dispersos en la comprensión del bien común frente a nuestros intereses particulares; flexibles en el significado de la meritocracia y la búsqueda de personas idóneas en el aparato público; estancados en la definición de nuevas reglas de juego para el acceso al Estado por elección popular; y orientados como sociedad a prestar mayor atención a la persecución de los actos de corrupción que a las medidas y buenas prácticas que podríamos desarrollar en conjunto para prevenir y combatir este flagelo. 

En ese contexto hemos visto a ciudadanos, autoridades, políticos y empresarios procesados por corrupción, así como mandatos interrumpidos en diferentes niveles de gobierno, con consecuencias nefastas para el desarrollo del Perú y su convivencia democrática. Los efectos concretos ya los conocemos: pérdida de confianza, afectación de derechos y de servicios públicos, acceso a ventajas indebidas, afectación de recursos y uso ilegal de fondos públicos, entre otros.

El término de la presidencia del señor Pedro Castillo Terrones, motivado por el quiebre del orden constitucional, no debe dejar irresuelto el debate sobre los temas de fondo que conciernen a la lucha contra la corrupción, máxime tras los casos imputados al expresidente y sus principales funcionarios y a los acontecimientos de violencia que surgieron posteriormente —con la lamentable pérdida de vidas humanas— en diversos lugares del país.

Tras la sucesión constitucional de la Presidencia de la República y luego de la votación en el Congreso para el adelanto de Elecciones Generales, nos encontramos como país frente a la oportunidad de corregir errores y establecer mejores condiciones para la elección de autoridades y la adopción de altos estándares en la actuación pública, en aras del desarrollo del Perú y el fortalecimiento de nuestra convivencia democrática.

De cara a una nueva conmemoración de nuestro Bicentenario en el año 2024, hagamos que la lucha contra la corrupción nos permita alcanzar un Perú más confiable, honesto y justo para todas y todos como un nuevo signo de nuestra independencia. 

En razón de ello, los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción presentes en sesión extraordinaria, del 28 de diciembre de 2022, nos dirigimos al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, al Sistema de Justicia, a las entidades públicas, al sector privado y a la ciudadanía en general para señalar lo siguiente:
 
FRENTE A LAS DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN RECIENTES

1.      Exhortamos a las personas —en el ámbito público y privado— comprometidas o con información sobre posibles casos de corrupción reciente a ponerse a disposición de la justicia y a colaborar con el esclarecimiento de los hechos, según corresponda. En esa línea, el Estado, a través de las instancias pertinentes, debe garantizar las medidas de protección a quienes denuncien o colaboren con el Sistema de Justicia.  El país demanda que estos casos no queden impunes.

 

2.      Exhortamos a las instituciones del Sistema de Justicia a redoblar esfuerzos para asegurar una actuación célere, transparente, eficiente, eficaz y transparente frente a las investigaciones en curso, dentro de las garantías del debido proceso, asignándosele el presupuesto necesario para dicho fin. 

 

3.      Invocamos a los medios de comunicación al tratamiento responsable de la información, asegurando el uso de los estándares propios para la verificación de sus fuentes, a fin de contribuir a una difusión objetiva, justa y veraz de los hechos, promoviendo una comunicación asertiva y evitando el lenguaje confrontacional, en el marco del respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia, sin abdicar en su rol de investigación. 

 

4.      Coincidimos en la necesidad de efectuar reformas en el ámbito político y electoral de manera previa a las Elecciones Generales. El país debe corregir, primero, los errores, vacíos o inaplicaciones de nuestra legislación que han dado paso a la elección de autoridades con débiles niveles de representatividad o falta de idoneidad para ocupar tales cargos. Una elección sin reformas solo producirá el mismo resultado.

 

5.      En ese marco, expresamos la necesidad de efectuar una modificación constitucional para regular la responsabilidad política y penal del Presidente de la República frente a la comisión de posibles delitos contra la administración pública y otros delitos de gravedad.

 

6.      Invocamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los órganos integrantes del Sistema Electoral a desarrollar una propuesta de Reforma Electoral y Política en el seno del Acuerdo Nacional. Ello, con el fin de diseñar una alternativa técnica y colegiada en un espacio plural, abierto y democrático, para remitir una propuesta consensuada al Congreso de la República, reduciendo el riesgo de recurrir a figuras como la cuestión de confianza sobre la aprobación de alguno de sus puntos, pues ello solo reactivaría una tensión indeseable entre poderes, tanto por el hartazgo de la ciudadanía como por su efecto en la consecución de la propia reforma.

7.      Invocamos al Poder Legislativo a debatir con prioridad la propuesta de Reforma Electoral y Política con alto sentido de responsabilidad, elevando el debate por encima de intereses particulares, en aras preservar el bien común con medidas concretas en el corto, mediano y largo plazo.

8.      Exhortamos al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Gobiernos Regionales y Locales a adoptar en el más breve plazo los estándares y herramientas de integridad y transparencia existentes, para: i) asegurar la transparencia en tiempo real de las visitas que reciben los servidores y funcionarios con capacidad de decisión dentro del aparato público; ii) mantener actualizadas las agendas oficiales de los altos funcionarios; iii) implementar la gestión de riesgos de corrupción e inconductas que pudieran afectar la integridad pública; iv) fortalecer la presentación y gestión de denuncias; v) asegurar la probidad, transparencia y equidad en los actos de lobby; vi) garantizar la evaluación de posibles impedimentos y antecedentes que pudieran cuestionar la contratación y designación de servidores; así como eventuales conflictos de intereses de los funcionarios con capacidad de decisión en el aparato público; vii) activar oportunamente los procesos administrativos disciplinarios, para el adecuado deslinde de responsabilidades y determinación de las sanciones correspondientes.

 

9.      Exhortamos al Poder Ejecutivo a garantizar el cumplimiento del principio de idoneidad en la designación de ministros, viceministros, funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, y en general de funcionarios de Alta Dirección, cumpliendo estrictamente lo establecido en la Ley Nº 31419 y Ley Nº 31457, garantizando la meritocracia en el acceso a los puestos públicos, evaluando la posibilidad elevar las vallas existentes. Asimismo, implementar la reforma del servicio civil en la administración pública, velando por la independencia técnica del ente rector del servicio civil.   

 

10. Exhortamos al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y al INPE a mantener actualizadas sus bases de datos, para garantizar la calidad de las acciones de debida diligencia y la evaluación del cumplimiento de perfiles que se viene efectuando en el Estado, a través de plataformas interoperables, a fin de evitar la contratación o designación de personas con impedimentos legales o falta de idoneidad en la administración pública.

 

11. Exhortamos al Poder Legislativo a elevar sus niveles de transparencia bajo las premisas de un Parlamento Abierto y a tratar con la máxima responsabilidad los casos presentados ante la Comisión de Ética y, luego, ante el Pleno del Congreso, para asegurar una respuesta congruente con la gravedad de las posibles transgresiones y conflictos de intereses de sus parlamentarios.

SOBRE LA VISIÓN ESTRATÉGICA
 

12. Exhortamos al Poder Ejecutivo a desarrollar un marco normativo que fortalezca la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública, a fin de que los órganos establecidos para tal fin reporten directamente al titular de la entidad y cuenten con la autonomía suficiente para desarrollar sus labores a nivel institucional, con una designación y remoción reguladas que contribuyan a su adecuado desempeño.

 

13. Exhortamos al Poder Ejecutivo a impulsar —con apoyo de la CAN Anticorrupción— una propuesta para implementar un Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, con una rectoría técnica y funcional ubicada en una nueva entidad —premunida de autonomía e independencia necesarias—, con la finalidad de desarrollar, implementar, monitorear, supervisar y asegurar la aplicación de los más altos estándares de integridad y transparencia; de modo que articule con las instituciones del Sistema de Justicia y el Sistema Nacional de Control para contribuir en la lucha contra la corrupción. Para ello, solicitamos aceptar formalmente el apoyo técnico ofrecido por la División de Integridad de la OCDE, para acelerar la adopción de estándares de integridad en la administración pública, así como implementar los acuerdos de cooperación técnica para la lucha contra la corrupción suscritos o por suscribir con organizaciones internacionales.

 

14. Exhortamos al Poder Ejecutivo a la pronta aprobación de una Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción con una visión al 2030, que exprese el consenso entre las instituciones correspondientes, para: i) elevar la capacidad preventiva de las entidades públicas frente a la corrupción; ii) fortalecer el desempeño ético de los servidores públicos; iii) consolidar la participación del sector empresarial, la academia y la sociedad civil; iv) incrementar la capacidad de sanción en la vía penal y administrativa; y v) optimizar la articulación entre las instituciones llamadas a prevenir y sancionar los actos de corrupción. Asimismo, es necesario impulsar el adecuado funcionamiento de las comisiones regionales anticorrupción, a fin de mejorar su articulación y operación en varias regiones.

 

15. Exhortamos al Poder Ejecutivo a proponer una nueva Ley de Contrataciones del Estado con enfoque de descentralización e integridad, que asegure la probidad, la competitividad y la ejecución eficaz, eficiente y oportuna de los recursos públicos, evaluando la pertinencia de la ejecución de obras por administración directa y las medidas que contribuyan a la profesionalización del comprador público (función logística), a través de una consulta amplia con participación del sector público y privado.

 

16. Exhortamos al Poder Legislativo a desarrollar un Pleno Anticorrupción, a fin dedebatir los proyectos de Ley para: i) incorporar agravantes en los delitos de corrupción de funcionarios; ii) regular la responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la lucha contra el cohecho trasnacional y otros delitos; así como iii) incorporar la cláusula anticorrupción en todos los contratos del Estado.

17. Solicitamos al Poder Ejecutivo el desarrollo de un Programa Nacional de Valores y desarrollo de capacidades en ética e integridad pública, con presupuesto que podría provenir de la recuperación de activos y fondos en el marco de la lucha contra la corrupción. Dicho programa deberá desarrollar estrategias de sensibilización y formación con participación del sector público y privado, para asegurar el posicionamiento de valores indispensables y el desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de la integridad pública en la ciudadanía y el Estado.

 

18. Exhortamos a la ciudadanía a canalizar sus demandas y expectativas por la vía del diálogo y la manifestación pacífica de sus diferencias, rechazando posibles actos de violencia que podrían poner en riesgo su vida y la integridad física de terceras personas. La violencia no es el camino para enfrentar la corrupción ni demandar la solución de los problemas vigentes.

 

19. De igual modo, exhortamos a la ciudadanía, a la comunidad política y a los medios de comunicación el respeto del derecho a la protesta, sin el empleo de calificativos que polaricen y enturbien el camino del diálogo y la solución pacífica de los conflictos.  En esa misma línea, exhortamos a las fuerzas del orden al respeto irrestricto de las normas para el uso democrático de la fuerza frente a las movilizaciones ciudadanas.    

 

20. Finalmente, exhortamos a la ciudadanía a comprometerse en la verificación de los antecedentes y perfiles de los candidatos y las candidatas en el próximo proceso electoral. Nuestro país demanda el mayor compromiso de los ciudadanos en la elección de autoridades probas y correctas. Ello implica elegir a personas idóneas, con una trayectoria intachable, con genuinos valores y formas democráticas, que se orienten al bien común y no a la promoción o defensa de intereses particulares. Lo contrario siempre será inadmisible.

 

El periodo que se ha iniciado es una oportunidad para evidenciar a la ciudadanía que sus autoridades tienen el firme compromiso de elevar los estándares en la actuación pública, impulsar las reformar necesarias con miras a las próximas elecciones generales 2024, así como concretar acciones de impacto en materia de integridad pública. 

 

En ese marco, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción expresa su compromiso y apoyo permanente para concretar cada uno de los puntos de esta Agenda Anticorrupción. 

 
Lima, 28 de diciembre de 2022.