ATU promueve protocolo que protege la identidad de transportistas víctimas de extorsión y crimen organizado
Nota de prensaLa entidad, a través de su programa Asyste, articuló con el Ministerio Público un nuevo mecanismo para realizar las denuncias de forma segura mediante un código de identidad reservado.
19 de enero de 2026 - 11:20 a. m.
Gracias al trabajo articulado entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y el Ministerio Público, los operadores de transporte público víctimas de extorsión y el crimen organizado cuentan ahora con un protocolo para realizar sus denuncias de manera reservada.
Este nuevo mecanismo, aprobado por el Ministerio Público, habilita la asignación automática de un código de identidad reservado para los operadores de transporte que denuncien delitos de extorsión, sicariato u organización criminal, resguardando su identidad desde las primeras diligencias fiscales.
En ese sentido, este mecanismo, formalizado mediante la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, constituye una herramienta clave para generar condiciones de seguridad que incentiven la denuncia, reduzcan el temor a represalias y permitan una actuación más oportuna y eficaz de las autoridades frente a la extorsión y el crimen organizado.
Esta iniciativa surge como resultado del trabajo articulado entre dichas instituciones y luego de que la ATU identificara y alertara oportunamente sobre el impacto que la extorsión y el crimen organizado vienen generando en la prestación del servicio de transporte público, afectando no solo a los operadores, sino también a millones de usuarios.
En ese sentido, a través de su programa de Asistencia Legal y Soporte al Transporte (Asyste), la ATU desempeñó un rol activo en la identificación de esta necesidad estructural, al constatar que el silencio forzado de los operadores, producto de la violencia y la intimidación, ponía en riesgo la continuidad del servicio y la seguridad ciudadana.
Como resultado de esta intervención, Asyste ha brindado asistencia legal especializada a más de 90 empresas de transporte, acompañándolas en procesos de orientación, formulación de denuncias y articulación con las autoridades competentes, contribuyendo así a fortalecer la respuesta institucional frente a estos delitos.
Con esta medida, los operadores víctimas de extorsión cuentan hoy con una alternativa concreta y segura para ejercer su derecho a denunciar.
La ATU reafirma así su compromiso de actuar de manera preventiva y articulada para proteger a quienes garantizan el transporte público, promoviendo un servicio seguro, formal y sostenible para Lima y Callao.
Lima, 19 de enero de 2026
Este nuevo mecanismo, aprobado por el Ministerio Público, habilita la asignación automática de un código de identidad reservado para los operadores de transporte que denuncien delitos de extorsión, sicariato u organización criminal, resguardando su identidad desde las primeras diligencias fiscales.
En ese sentido, este mecanismo, formalizado mediante la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, constituye una herramienta clave para generar condiciones de seguridad que incentiven la denuncia, reduzcan el temor a represalias y permitan una actuación más oportuna y eficaz de las autoridades frente a la extorsión y el crimen organizado.
Esta iniciativa surge como resultado del trabajo articulado entre dichas instituciones y luego de que la ATU identificara y alertara oportunamente sobre el impacto que la extorsión y el crimen organizado vienen generando en la prestación del servicio de transporte público, afectando no solo a los operadores, sino también a millones de usuarios.
En ese sentido, a través de su programa de Asistencia Legal y Soporte al Transporte (Asyste), la ATU desempeñó un rol activo en la identificación de esta necesidad estructural, al constatar que el silencio forzado de los operadores, producto de la violencia y la intimidación, ponía en riesgo la continuidad del servicio y la seguridad ciudadana.
Como resultado de esta intervención, Asyste ha brindado asistencia legal especializada a más de 90 empresas de transporte, acompañándolas en procesos de orientación, formulación de denuncias y articulación con las autoridades competentes, contribuyendo así a fortalecer la respuesta institucional frente a estos delitos.
Con esta medida, los operadores víctimas de extorsión cuentan hoy con una alternativa concreta y segura para ejercer su derecho a denunciar.
La ATU reafirma así su compromiso de actuar de manera preventiva y articulada para proteger a quienes garantizan el transporte público, promoviendo un servicio seguro, formal y sostenible para Lima y Callao.
Lima, 19 de enero de 2026