Creación de Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública contribuye a gestión pública eficiente y eficaz

Nota de prensa
El Gobierno creó este órgano mediante aprobación del Decreto Legislativo N° 1353, que garantiza transparencia en la gestión pública y rendición de cuentas de los funcionarios.

25 de octubre de 2018 - 11:00 p. m.

Con la publicación del Decreto Legislativo N° 1353, en enero de 2017, se creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Perú marcó un hito pues se colocó al mismo nivel de otras naciones que tienen mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia sus funcionarios públicos.

De acuerdo a su norma de creación y reglamento, la autoridad tiene principalmente cuatro funciones generales. La primera es normativa, ya que propone políticas y emite directivas sobre materia de transparencia y acceso a la información pública. La segunda es supervisora, ya que vela por el cumplimiento de la normativa sobre su materia. La tercera es consultiva, respecto a la interpretación y aplicación de dicha normativa. Y la cuarta, es ser promotora de una cultura de transparencia y acceso a la información pública.

En ese marco, la autoridad tiene por encargo elaborar un informe anual, para ser presentado ante el Congreso de la República, sobre los pedidos de acceso a la información pública tramitados por las entidades públicas y, además, supervisa el cumplimiento de la actualización de los portales de transparencia de las instituciones.

Asimismo, el Decreto Legislativo 1353 establece la creación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano resolutivo que es la última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Este tribunal es competente para resolver las controversias que se susciten en dichas materias y aplica sanciones a funcionarios y servidores públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información.

De esta forma, la autoridad persuade a las entidades a que cumplan con sus obligaciones y busca atender el derecho que tiene toda persona para acceder de forma oportuna a la información pública que posee o genere el Estado en cualquiera de sus dependencias.