Columna: La agilidad y el Estado

La gestión pública en el Perú suele asociarse con procedimientos extensos, trámites complejos y poca flexibilidad para adaptarse a los cambios. Es cierto que el marco normativo vigente busca garantizar orden, control y transparencia. Sin embargo, también es cierto que estos mismos sistemas, cuando se aplican de forma rígida, pueden dificultar la ejecución oportuna de obras y servicios esenciales para la ciudadanía.

Frente a este escenario, la incorporación de enfoques de agilidad en la gestión pública aparece no como una moda, sino como una necesidad. Agilidad no significa improvisación ni ir en contra de la ley. Significa adaptarse con inteligencia, trabajar de manera colaborativa, anticipar riesgos y centrarse en los resultados. Es decir, gestionar con eficiencia, pero también con propósito.

En los últimos años, diversas entidades públicas han comenzado a explorar metodologías propias del sector privado, como la gestión ágil de proyectos, la planificación por entregables, el uso de tableros de control o herramientas tecnológicas como el Building Information Modeling (BIM). Estos esfuerzos permiten mejorar la ejecución, reducir tiempos de respuesta y, sobre todo, enfocar la gestión en generar valor real para la población.

Estas experiencias incorporan herramientas de gestión ágil que permiten alcanzar niveles altos de ejecución, planificación y control, sin salirse del marco regulatorio. Demostrando así que es posible compatibilizar eficiencia y normatividad, sin que una limite a la otra.

Lo que se necesita hoy es institucionalizar estas prácticas: generar capacidades dentro del Estado, formar equipos técnicos con visión interdisciplinaria, incorporar criterios de agilidad en los sistemas administrativos y promover una cultura organizacional orientada a resultados. Es momento de entender que la agilidad no es un lujo del sector privado, sino una vía estratégica para que el Estado cumpla con eficacia su rol de servir a los ciudadanos.

El Perú necesita un Estado más dinámico, que no pierda tiempo ni recursos en trámites innecesarios y que sepa responder con rapidez y calidad a las demandas urgentes de la población. La buena noticia es que ese Estado es posible, y ya hay señales concretas de que estamos en el camino.