AMSAC: “La minería ilegal es una amenaza con la que tenemos que lidiar”

Hay zonas donde no hubo una remediación ambiental y hoy están totalmente tomadas por la minería ilegal, advierte Montenegro.

La minería ilegal avanza sobre zonas remediadas y representa una amenaza constante. Antonio Montenegro, gerente general de Activos Mineros, detalla los retos que enfrentan.

Intervenimos por encargos específicos del Ministerio de Energía y Minas, que prioriza y caracteriza los pasivos ambientales según su gravedad o nivel de peligrosidad para la salud y el medioambiente. En ese horizonte, nos delega encargos concretos a través de resoluciones ministeriales y el presupuesto correspondiente para poder intervenir.

Venimos interviniendo pasivos ambientales desde 2006. En total, hemos acumulado una inversión aproximada de S/1,100 millones. Nuestra ejecución anual supera el 100% del presupuesto institucional de apertura (PIA). El año pasado, por ejemplo, teníamos previsto ejecutar S/149 millones y finalmente desembolsamos S/185 millones. Para este año, proyectamos ejecutar S/135 millones con intervenciones en 65 proyectos distribuidos en 11 regiones del país. Además, tenemos programado para 2028 una inversión aproximada de S/500 millones.

Como indicaba, intervenimos por encargo específico del Estado. Nos dice en qué zona actuar y con qué presupuesto. Esa priorización no la hacemos nosotros, sino el sector, con base en una estrategia para atender los impactos ambientales. Los pasivos ambientales que están caracterizados como exunidades mineras están ubicados, por ejemplo, en Pasco. También tenemos proyectos en Lima, donde remediamos pasivos que antes representaban un riesgo para el río Rímac; y en Áncash, con el proyecto Pushaquilca. En general, Perú es un país líder en inversión y recuperación ambiental entre las economías de la región.

Sí y esta pregunta me brinda la oportunidad de comentar lo difícil que es la intervención. Como empresa del Estado llegamos a zonas donde no somos conocidos ni tenemos actividad previa. Por eso, debemos realizar una labor social importante para convencer a las poblaciones y hacerlas nuestras aliadas. Una de las amenazas que enfrentamos a diario es la minería ilegal. En Pushaquilca, por ejemplo, tuvimos presencia de mineros ilegales y tuvimos que recurrir al Ministerio del Interior y a otras autoridades para recuperar el área, remediarla y ahora custodiarla. La minería ilegal es una amenaza permanente con la que tenemos que lidiar.

Es un riesgo para nuestras vidas y nuestros equipos. En ocasiones, después de remediar un área, se registran voladuras en bocaminas cercanas, lo que impacta otras zonas ya intervenidas y las vías de acceso.

Sí. Debemos realizar estudios para evaluar el tipo de daño generado y, si corresponde, volver a intervenir. Estos años de trabajo nos han dado experiencia para manejar estos temas desde un enfoque de sostenibilidad entendiendo los riesgos.

La minería ilegal es un tema bastante complejo y deja escenarios de destrucción y depredación. Nosotros estamos preparados para actuar en el momento oportuno, por ejemplo, en la recuperación de áreas de reserva. Un punto clave está en la ruta que el Estado ha trazado para el control y la formalización.

Hay zonas donde no hubo una intervención oportuna y hoy están totalmente tomadas por la minería ilegal. El Estado, a través de Activos Mineros, viene haciendo una tarea importante, pero hay que dar un paso más. La realidad es que no hay recursos suficientes para atender todos los pasivos ambientales registrados por la Dirección General de Minería.

Es necesario implementar una política de remediación ambiental que permita actuar en zonas donde los pasivos generan un alto riesgo para la población y el ecosistema. Hay que generar un espacio para el reaprovechamiento bien encauzado. Además, se puede dar el tema de pasivos por impuestos. Hay empresas privadas que tienen pasivos cerca de sus operaciones y podrían remediarlos tal como opera el mecanismo obras por impuestos. Así se ayudaría a cerrar brechas que el Estado, por sí solo, no puede abordar.

Se podría hablar de un mejoramiento normativo que otorgue herramientas legales para que los funcionarios tomen decisiones dentro de un marco adecuado.

No. En este momento, Pataz forma parte de la estrategia estatal para la formalización; no hemos recibido todavía ningún encargo. Lo que sí debe quedar claro es que la remediación ambiental no es un gasto, sino una inversión que beneficia a todos.

Fuente: Diario Perú 21