Un freno a la persecución judicial
Nota de prensaColumna de opinión del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Fotos: PCM
23 de marzo de 2025 - 10:24 a. m.
Desde el Ejecutivo respetamos la independencia de poderes y la libertad de prensa, pero lamentablemente ya no sorprende que el Ministerio Público cometa excesos contra la presidenta de la república o miembros del gabinete ministerial, y que domingo a domingo un sector de la prensa arremeta también contra la jefa del Estado o algún ministro.
Constitucionalmente, la presidenta Dina Boluarte personifica a la nación. Sin embargo, algunos que no quieren darse cuenta de ello y la vapulean, incluso en su condición de mujer, tanto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha expresado su protesta ante la falta de respeto mediante un comunicado.
Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la fiscalía, dar un golpe blanco. Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia.
Son excesos de la fiscalía y un mal uso de la libertad de expresión e información, a la cual, reitero, el Gobierno guarda un respeto irrestricto. Rechazo estas acciones políticas desestabilizadoras que reafirman una persecución judicial que merece un freno. Este acoso fiscal sistemático a la mandataria es inconstitucional e ilegal.
Cada semana aparecen en televisión partes de investigaciones a la presidenta y a otros miembros del Ejecutivo ¿Acaso el Ministerio Público no resguarda esas investigaciones?
Este atropello a la presidenta data de hace casi un año, cuando se allanó cinematográficamente su casa, lo que afectó la dignidad de la Presidencia de la República y de la persona que, insisto, representa a todos los peruanos.
Al resolver la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional definirá cuáles las únicas causales para investigar a la presidenta.
El Ministerio Público debería tener precaución cuando formula denuncias contra la jefa de Estado porque ella está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que dice cuáles son los 4 delitos por los que puede ser acusada: traición a la Patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134; o impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. El correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos pueda ser investigada. Y esas razones no se han cumplido en la realidad.
Confío en la sapiencia del TC para sentar jurisprudencia y fortalecer la gobernabilidad, indispensable para afianzar el crecimiento económico. Pese a todo, hago votos para que prime el debido proceso y renuevo mi confianza en la imparcialidad de operadores de justicia alejados de sesgos políticos. El Perú no merece que estos sean marionetas de intereses oscuros.
Constitucionalmente, la presidenta Dina Boluarte personifica a la nación. Sin embargo, algunos que no quieren darse cuenta de ello y la vapulean, incluso en su condición de mujer, tanto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha expresado su protesta ante la falta de respeto mediante un comunicado.
Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la fiscalía, dar un golpe blanco. Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia.
Son excesos de la fiscalía y un mal uso de la libertad de expresión e información, a la cual, reitero, el Gobierno guarda un respeto irrestricto. Rechazo estas acciones políticas desestabilizadoras que reafirman una persecución judicial que merece un freno. Este acoso fiscal sistemático a la mandataria es inconstitucional e ilegal.
Cada semana aparecen en televisión partes de investigaciones a la presidenta y a otros miembros del Ejecutivo ¿Acaso el Ministerio Público no resguarda esas investigaciones?
Este atropello a la presidenta data de hace casi un año, cuando se allanó cinematográficamente su casa, lo que afectó la dignidad de la Presidencia de la República y de la persona que, insisto, representa a todos los peruanos.
Al resolver la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional definirá cuáles las únicas causales para investigar a la presidenta.
El Ministerio Público debería tener precaución cuando formula denuncias contra la jefa de Estado porque ella está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que dice cuáles son los 4 delitos por los que puede ser acusada: traición a la Patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134; o impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. El correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos pueda ser investigada. Y esas razones no se han cumplido en la realidad.
Confío en la sapiencia del TC para sentar jurisprudencia y fortalecer la gobernabilidad, indispensable para afianzar el crecimiento económico. Pese a todo, hago votos para que prime el debido proceso y renuevo mi confianza en la imparcialidad de operadores de justicia alejados de sesgos políticos. El Perú no merece que estos sean marionetas de intereses oscuros.