Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia aprueba la “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia"

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia aprobó hoy la “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia”, que se constituye en una hoja de ruta consensuada con más de 200 acciones para lograr una justicia eficaz, célere y transparente en  beneficio de la ciudadanía.

 

Es así que, mediante la aprobación de esta propuesta de política pública se busca atender problemas estructurales del Sistema de Justicia como la falta de interoperabilidad, la elevada carga procesal, la lucha contra la corrupción, entre otros.

 

En esta sesión participaron el presidente de la República, Francisco Sagasti, quien preside el Consejo; la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el contralor general de la República, Nelson Shack; el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y el presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Pablo Sánchez. 

 

Asimismo, se contó con la asistencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, quien además es el secretario técnico del Consejo.

 

Cabe detallar que entre los principales aspectos desarrollados en esta propuesta de política se encuentra: impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad para que las instituciones esté conectadas y manejen una misma información, promover el acceso a la justicia de todas las personas y en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, modernizar los procesos no penales para darles celeridad y así reducir la carga procesal. 

 

De igual forma, modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario para fortalecer la investigación e imponer sanciones efectivas a los delitos, fortalecer los recursos humanos mejorando las condiciones laborales de los servidores del sistema de justicia así como revisar la situación del gran número de jueces provisionales y supernumerarios.

 

Por otro parte, mejorar el ejercicio y formación para la abogacía pues un desempeño deficiente de los abogados tiene como consecuencia el desprestigio de todo el sistema de justicia; además se requiere dar mayor importancia a la formación de mujeres en Derecho.  

 

Asimismo, se busca el fortalecimiento de las políticas anticorrupción, control disciplinario y ético para combatir la corrupción implementando mecanismos de prevención y sanción efectivos. Finalmente, poner énfasis en los casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, y promover la predictibilidad de las decisiones judiciales y adecuación normativa pues eso tiene un impacto positivo en la vigencia del Estado de Derecho.