Defensoría del Pueblo: próximo gobierno debe priorizar solución de contaminación con metales pesados en Huancavelica

La Defensoría del Pueblo requirió a las autoridades que asuman las próximas carteras ministeriales a trabajar de manera articulada para poner fin a la contaminación por metales pesados en suelos y viviendas, que afectaría a cerca de 19 000 personas en Huancavelica como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros.

 

El pedido formó parte del amicus curiae que presentó la entidad ante el 1° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, en el proceso constitucional de amparo presentado por representantes de la población afectada contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Municipalidad Provincial de Huancavelica, a fin de que se priorice la remediación ambiental y se brinde atención integral a las personas expuestas a metales pesados.

 

La Defensoría del Pueblo lamentó que, a pesar de que hace más de siete años la Dirección Regional de Salud de Huancavelica cuenta con información sobre la presencia de mercurio y arsénico por encima de los estándares de calidad ambiental, principalmente en los distritos Huancavelica y Ascensión, hasta el momento no se ejecuten acciones concretas como como la correspondiente vigilancia epidemiológica, ni la aprobación de un plan de acción integral de salud. A ello se suma que, según cifras oficiales, el 44 % de los pasivos ambientales mineros ubicados en ambos distritos no cuentan con instrumentos de gestión ambiental para su atención.

 

En el documento dirigido al juzgado, la adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, recordó que tampoco se cuenta con un Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras  sustancias químicas tóxicas.

 

Ante ello, la Defensoría del Pueblo exige que las próximas autoridades nacionales, de manera coordinada con los demás niveles de gobierno, adopten acciones urgentes para garantizar la protección de los derechos de la población afectada por la contaminación ambiental. Asimismo, se espera que el próximo Gobierno apruebe el reglamento de la Ley 31189 o Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

 

Otro aspecto que preocupa a la Defensoría del Pueblo es la falta de atención a las recomendaciones que han sido dirigidas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la Municipalidad Provincial de Huancavelica para promover proyectos de inversión orientados al mejoramiento de las viviendas de la ciudad de Huancavelica, en cuyos suelos y estructuras se ha registrado la presencia de metales pesados.

 

Cabe recordar que, desde el año 2017, la Defensoría del Pueblo viene interviniendo frente a la contaminación de las viviendas, la remediación ambiental de los pasivos ambientales mineros y la atención integral de la población expuesta a metales pesados en Huancavelica. No obstante, pese a algunas medidas estatales, no se advierte un avance sostenido que contribuya de manera efectiva y directa en la atención de este problema.