Cultura de Integridad Pública

Con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2017), emergió en el Perú un enfoque preventivo frente a este grave flagelo, basado en la identificación y mitigación de riesgos, el desarrollo de medidas de cumplimiento y el fortalecimiento del desempeño ético de los servidores públicos en aras de proteger el bien común por encima de intereses particulares.

En el Perú, la Secretaría de Integridad Pública ejerce la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Integridad pública

Es la actuación coherente con valores, principios y normas, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público.

Cultura de integridad

Es la expresión de saberes y prácticas compartidas en una institución donde se actúa de manera consistente con sus valores organizacionales y en coherencia con el cumplimiento de los principios, deberes y normas destinados a privilegiar el interés general, luchar contra la corrupción y elevar permanentemente los estándares de la actuación pública.

Para contribuir a fortalecer una cultura de integridad en el sector público, las entidades cuentan con un Modelo de Integridad.

Modelo de integridad

Es el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Desde la normativa vigente, dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional, que, a la fecha, constituyen el estándar peruano de integridad y un marco de trabajo para implementar el enfoque de integridad en la entidad.

Para asegurar esta labor, se viene trabajando consistentemente en la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública.