Para resolver procesos comunes con rapidez
“Los delincuentes y los extorsionadores están con las horas contadas con la puesta en funcionamiento de la Unidad de Flagrancia aquí en Trujillo; la situación de inseguridad que vivimos es trágica, no se ha vivido antes, que yo recuerde”.
Así resumió la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, la trascendencia de esta iniciativa jurisdiccional, que ella ha liderado e impulsado hasta hacerlo realidad, a pesar de los escasos recursos con que cuenta la institución.
El 1 de julio, el sistema de justicia marcó un hito al implementar la primera Unidad de Flagrancia en el Centro Integrado de Servicio de Administración de Justicia (Cisaj), ubicado en el distrito de El Porvenir, Trujillo.
Esta iniciativa nace con el objetivo de juzgar y sancionar delitos comunes de manera rápida al agrupar en un solo local, cedido por el Poder Judicial, a la Policía, la Fiscalía y la Defensoría Pública para dar trámite al proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.
¿CÓMO FUNCIONA?
Las instituciones del sistema de justicia interoperan en línea a través de un aplicativo móvil desde que se produce la intervención policial de la persona detenida en flagrancia.
Luego de la detención, la Policía registra en el aplicativo la hora e identidad del detenido, y a la vez da a conocer los derechos que le asisten mientras es investigado.
Una vez registrado en el aplicativo, los operadores de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensa Pública reciben una alerta de la detención en flagrancia para estar prevenidos de sus actuaciones en el momento que les corresponda.
Los detenidos en flagrancia ahora no son llevados por la Policía a la comisaría sino a la sede del Cisaj, la cual cuenta con una carceleta, donde son internados mientras duren las investigaciones y hasta que el juzgado respectivo determina su situación legal vía proceso inmediato.
La inauguración de esta Unidad ha generado gran expectativa en la población y autoridades locales y regionales, quienes aguardan que ahora la criminalidad empiece a ceder en esta región.
Participaron en este trascendental acto el presidente Pedro Castillo, integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, jueces supremos, el titular de la Corte de La Libertad, Giammpol Taboada Pilco, y demás representantes de instituciones locales.
VENTAJAS
El proceso inmediato permite la celeridad de los procesos, así como la reducción de los costos de la administración de justicia. Antes, un proceso de flagrancia demoraba aproximadamente 11 meses con 21 sesiones de audiencia, mientras que la Unidad de Flagrancia lo acorta a tres sesiones.
Según estimaciones, cada sesión de audiencia de una hora le cuesta al Poder Judicial S/525, lo que conlleva a un gran ahorro de dinero al erario.
Dada la efectividad del proyecto, la presidenta del Poder Judicial solicitó al jefe de Estado, Pedro Castillo, los recursos económicos para replicar este modelo en Lima, donde también hay altos índices de criminalidad. El Mandatario se comprometió a apoyar la creación de sedes similares a nivel nacional.
Paralelamente a la implementación de la primera Unidad de Flagrancia se realizó el Congreso Internacional de Flagrancia: La criminalidad como flagelo, las unidades de flagrancia como respuesta efectiva”, entre el 30 de junio al 2 de julio, al que se inscribieron más de 14 mil participantes con expositores de Ecuador, Chile, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Argentina, Costa Rica y Perú.
Pedro Castillo, presidente de la República
“(La Unidad de Flagrancia) es un paso fundamental a favor de la justicia y de la seguridad de la población. La delincuencia es uno de los mayores problemas que enfrentamos y el Estado no puede escatimar ningún esfuerzo y debe dar los recursos necesarios para dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos”.
PRIMERA SENTENCIA
La primera sentencia emitida en la Unidad de Flagrancia fue dictada el 4 de julio por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria a solo 62 horas de la detención del investigado Santos Polo Saona. Se le impuso dos años y seis meses de prisión suspendida por el delito de tentativa de hurto agravado.
Unos días después, se condenó a Ricardo Ramírez Arca, a 14 años y siete meses por robo agravado en agravio de una menor, perpetrado el 1 de julio.
La tercera sentencia fue por el delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo que condenó a Renzo Juárez Tomas a 10 meses de prisión convertida a 42 días de jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
Después, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria condenó a Jhonatan Salinas Bobadilla a cuatro años de prisión suspendida a tres años, por tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Ministerio del Interior.
Galería
