El Programa EJE No Penal participa en II Congreso internacional de Modernización del Despacho Judicial

Con el objetivo de generar un espacio de debate y difusión sobre las diversas e innovadoras experiencias internacionales y nacionales de modernización de la gestión de los despachos Judiciales, se realizó el II Congreso internacional de Modernización del Despacho Judicial, inaugurado por el Dr. Javier Arévalo Vela Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien reiteró que la modernización del Poder Judicial como uno de los ejes estratégicos de su gestión.

El evento, realizado los días 10 y 11 de agosto, contó con la participación de los integrantes de las Comisiones Distritales de Gestión de Despacho Judicial; así como de magistrados, funcionarios, personal jurisdiccional y administrativo involucrado en la gestión del despacho judicial.

Durante su exposición, Ernesto Aranda Vergara, director ejecutivo del Programa EJE NO Penal, resaltó los esfuerzos para usar la tecnología para incrementar la celeridad y efectividad en la atención de los servicios de justicia a las poblaciones vulnerables, a través de las Ferias de Justicia Itinerante. Asimismo, presentó los avances en la culminación de los términos de referencia para la adquisición del software con la solución tecnológica del Expediente Judicial Electrónico; así como la estrategia seguida para la elaboración de mapeo de procesos, realizado en 11 cortes a nivel nacional y la Corte Suprema, que permitirá elaborar la propuesta de un nuevo modelo de despacho judicial.

Aranda Vergara, compartió mesa con el expositor internacional Orión Vargas Vélez, quien presentó la experiencia colombiana de aplicación de nuevas tecnologías en la actividad jurisdiccional, y con Erick Saldaña Solari director ejecutivo del Programa EJE Penal.

Como se sabe, el Programa “Mejoramiento de los Servicios de Justicia no Penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico” se implementa con el objetivo de mejorar la eficiencia, el acceso, la transparencia y la satisfacción del usuario en la entrega de los servicios de justicia no penales, con el financiamiento del Banco Mundial y el Estado peruano.