Solicitan prisión preventiva para integrantes de organización criminal que traficaba con obras en municipios distritales de Ayacucho

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho sustentó el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el excongresista Víctor Albrecht Rodríguez;  el alcalde de Anchihuay, Juan Borda Avalos, y la funcionaria de la Municipalidad de Ancos, Maritza Morales.

 

Ellos son investigados por presuntamente integrar la organización criminal ‘Inversionistas del Bicentenario’, que operaba desde 2015, y a cuyos integrantes se les imputa los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y genérico, extorsión y obstrucción a la justicia.

 

Según la investigación fiscal, estos actos de corrupción se habrían ejecutado para presuntamente direccionar licitaciones de obras públicas en agravio de las municipalidades distritales de Anchihuay, Jesús Nazareno, Acocro, Anco, Vinchos y Chiara; en Ayacucho.

 

La fiscal adjunta Lidia Cisneros Alarcón, a cargo de la sustentación, refirió que Víctor Albrecht, en su condición de congresista y vicepresidente de la Comisión de Vivienda, ayudó en la agilización de los trámites de solicitud de presupuesto ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Congreso de la República, realizados por los alcaldes vinculados a esta organización criminal.

 

Debido a estas acciones y por su intervención ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento, para que estos presupuestos sean aprobados, Albrecht habría recibido pagos equivalentes al 5% de las obras, dinero que le era entregado en dos partes. 

 

Durante la audiencia, se informó que la Primera Sala de Apelaciones de Ayacucho ordenó la libertad de Víctor Albrecht, luego que declarara fundada la apelación que presentó a la detención preliminar por 10 días que pesaba en su contra.

 

Respecto al burgomaestre Borda Ávalos, la representante del Ministerio Público refirió que su condición era de mando medio en esta organización, pues se encargaba de tramitar proyectos para obtener presupuestos por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Congreso de la República. 

 

Además, era el responsable de buscar a empresarios para que se comprometan a entregar el 5% del costo directo de los proyectos; por lo que organizaba comités de selección acorde a las necesidades de estos ilícitos actos. 

 

En relación a la imputada Maritza Morales, se señaló que era la responsable de elaborar los términos de referencia, absolver observaciones y evaluar las propuestas técnica y económicas a favor de las empresas seleccionadas previamente por los cabecillas de esta organización.