Sentencian a 30 años de cárcel para imputado por feminicidio agravado en Arequipa
Nota InformativaLa estranguló y enterró en una zanja
Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
16 de junio de 2021 - 2:41 p. m.
El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, logró que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria de 30 años de prisión para Roberto Liborio Valdivia Gallegos, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado en agravio de quien en vida fue Yakelin Mayeli Iquise Condori.
Los hechos se suscitaron la noche del 24 de abril de 2020, en una obra de construcción de un instituto privado en el distrito de Cayma, donde el imputado laboraba como vigilante, que se hizo pasar como supervisor para engañar a la víctima a quien la contactó para que le venda mascarillas y guantes para su personal. El imputado luego de abusar de ella, la golpeó con un objeto contundente en la cabeza, la estranguló hasta causar la muerte y la enterró en una zanja, siendo denunciado por un amigo de éste ante la Policía.
Ante la contundencia de la imputación y los medios probatorios presentados para su actuación en juicio oral por la fiscal provincial Yajaida Huamán Escobar, el acusado Valdivia Gallegos aceptó los hechos, de tal modo que el Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado - Camaná Sub Especializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, determinó la responsabilidad del imputado por este grave delito el cual según la Fiscalía fue cometido en un contexto de abuso de confianza y discriminación a la víctima.
Se trató de un caso de feminicidio no íntimo ya que el agresor no tenía vínculo (afectivo o por parentesco) con su víctima, razón por la cual la elaboración de la imputación requiere de una labor muy detallada y eficiente para poder acreditar los contextos requeridos por el primer párrafo del Art. 108-B del Código Penal para su configuración.
Las diligencias en este caso pudieron efectuarse gracias a la Unidad Médico Legal de Arequipa con la médica forense Rosa Amelia Carrasco Tejada, el grupo de investigación de Homicidios del DEPINCRI – PNP y del LABIMOG de la ciudad de Lima, que remitieron los resultados del ADN por las gestiones realizadas por la Presidencia. El Centro de Emergencia Mujer de Acequia Alta, asumió como actor civil la pretensión de la reparación civil.
El Poder Judicial dispuso además el pago de una reparación civil de 100 mil soles a favor de la sucesión legal de la víctima. El sentenciado, venía cumpliendo prisión preventiva en el penal de Socabaya desde el 24 de abril del 2020.
Los hechos se suscitaron la noche del 24 de abril de 2020, en una obra de construcción de un instituto privado en el distrito de Cayma, donde el imputado laboraba como vigilante, que se hizo pasar como supervisor para engañar a la víctima a quien la contactó para que le venda mascarillas y guantes para su personal. El imputado luego de abusar de ella, la golpeó con un objeto contundente en la cabeza, la estranguló hasta causar la muerte y la enterró en una zanja, siendo denunciado por un amigo de éste ante la Policía.
Ante la contundencia de la imputación y los medios probatorios presentados para su actuación en juicio oral por la fiscal provincial Yajaida Huamán Escobar, el acusado Valdivia Gallegos aceptó los hechos, de tal modo que el Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado - Camaná Sub Especializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, determinó la responsabilidad del imputado por este grave delito el cual según la Fiscalía fue cometido en un contexto de abuso de confianza y discriminación a la víctima.
Se trató de un caso de feminicidio no íntimo ya que el agresor no tenía vínculo (afectivo o por parentesco) con su víctima, razón por la cual la elaboración de la imputación requiere de una labor muy detallada y eficiente para poder acreditar los contextos requeridos por el primer párrafo del Art. 108-B del Código Penal para su configuración.
Las diligencias en este caso pudieron efectuarse gracias a la Unidad Médico Legal de Arequipa con la médica forense Rosa Amelia Carrasco Tejada, el grupo de investigación de Homicidios del DEPINCRI – PNP y del LABIMOG de la ciudad de Lima, que remitieron los resultados del ADN por las gestiones realizadas por la Presidencia. El Centro de Emergencia Mujer de Acequia Alta, asumió como actor civil la pretensión de la reparación civil.
El Poder Judicial dispuso además el pago de una reparación civil de 100 mil soles a favor de la sucesión legal de la víctima. El sentenciado, venía cumpliendo prisión preventiva en el penal de Socabaya desde el 24 de abril del 2020.