Antonio de la Haza juramenta como presidente de la JNJ para el período 2024

El nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza Barrantes, afirmó que se guiará en su gestión por la Constitución y la ley, cumpliéndola y haciéndola cumplir en el desarrollo de sus funciones constitucionales.

 

De la Haza juramentó ante la presidenta saliente, Imelda Tumialán Pinto, en una ceremonia que tuvo como invitados de honor al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio; la presidenta (e) del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga; el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena; el defensor del Pueblo Josue Gutiérrez Cóndor; el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, entre otras autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático. En el cargo de vicepresidente fue reelegido el doctor Aldo Vásquez Ríos.

 

“El año que inicia es de especial trascendencia pues será el último período de gestión del actual Pleno de este organismo constitucional autónomo, en medio de situaciones complejas y a veces adversas que son de conocimiento público”, dijo De la Haza y añadió que por ello es propicia la ocasión para reafirmar los principios y valores que han regido, y seguirán rigiendo, a los miembros de esta Junta, los cuales son la rectitud, probidad e integridad. 

 

“A través de ellos contribuimos a la libertad, la democracia y al desarrollo económico en nuestro país, procurando la mejora de la administración de justicia, para que sea cada vez más idónea y eficiente”, añadió.

 

Dijo que ofrecerá todas las facilidades al defensor del Pueblo para que el presente año se realice el concurso público en el que se elegirá a los nuevos miembros de la JNJ.

 

En otro momento se refirió a los niveles de provisionalidad en el Poder Judicial y Ministerio Público que alcanzan niveles “alarmantes” que resultan incompatibles con los estándares de independencia funcional de los que debe estar dotado todo magistrado. 

 

“La titularidad en la judicatura o en la función fiscal, son la más plena garantía de esa misma independencia, sin la cual no hay estado de derecho ni democracia”, enfatizó.

 

Dijo que la JNJ ha tomado diversas iniciativas, hasta ahora infructuosas, para promover los ajustes que sean necesarios entre el Poder Judicial y el Ministerio Público con el Ministerio de Economía y Finanzas para que, aunque sea progresivamente, se provea del diferencial entre el valor de las plazas provisionales y titulares, que permita las convocatorias respectivas a cargo de la JNJ. 

 

“No es sostenible, en términos de la vigencia del estado de derecho, un modelo de justicia sustentado en jueces y fiscales provisionales. Al respecto, me permito invocar respetuosamente el compromiso de todos los actores involucrados para adoptar de veras una acción sostenida, que permita revertir la provisionalidad en el sistema de justicia en el Perú”.

Rendición de cuentas

 

Previamente, en su discurso de cierre de gestión, Imelda Tumialán expresó su agradecimiento a los organismos internacionales, a los jefes de las misiones diplomáticas acreditados en el Perú, así como a las muchas instituciones y ciudadanos que de una u otra forma acompañaron a la JNJ en la defensa de la institucionalidad y de la democracia que hicieran en el 2023.

 

“La Junta Nacional de Justicia, haciendo uso de los mecanismos que provee nuestro sistema legal y supranacional, ha defendido la institucionalidad y la independencia de la que debe encontrarse prevista este órgano constitucional autónomo, impidiendo toda injerencia, ajena a los estándares de un estado de derecho. Así, hemos mantenido en plenitud el ejercicio de nuestras funciones constitucionales, con total autonomía y sin permitir influencias de ninguna índole”.

 

Al hacer un balance de gestión, señaló que en el 2023 fueron nombrados más de 200 magistrados (55% jueces y 45% fiscales), se ratificaron 168 magistrados, se concluyó la evaluación parcial de 52 magistrados (26 jueces y 26 fiscales) de los distritos judiciales y fiscales de Callao y Lima Este.

 

En referencia a los procedimientos disciplinarios seguidos a jueces y fiscales, el número de denuncias recibidas en 2023 alcanzó las 1691, relativas a magistrados de todos los niveles y provenientes de todo el territorio nacional. El 57% de las mismas han tenido ya un pronunciamiento en esta sede y se encuentran en trámite el 43%.

 

Durante el período que culmina se iniciaron 55 investigaciones preliminares. Actualmente están en curso 100 procedimientos disciplinarios abreviados, ocho ordinarios y tres inmediatos. Los primeros están referidos a los pedidos de destitución formulados por los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, los segundos son los iniciados en esta sede tras investigación preliminar y los últimos están referidos a aquellos casos en los que existen indicios que ameritan la apertura de procedimiento, prescindiendo de la investigación preliminar, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 255 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y con lo establecido en el Reglamento pertinente. Todos los procedimientos disciplinarios tienen, de acuerdo a ley, una duración máxima de nueve meses, susceptible de ampliarse por causa justificada hasta por tres meses adicionales, informó Tumialán. 

 

Precisó que entre los procedimientos disciplinarios abreviados han concluido 80 con la aplicación de sanciones, 74 de ellos con destitución, que corresponden a 21 fiscales y 53 jueces.

 

Respecto a la Comisión de Revisión Especial para la evaluación de las decisiones del ex CNM, de los 2,376 casos tramitados y revisados, se estableció que en 411 se halló presuntas graves irregularidades dando lugar a una investigación que está en pleno trámite.

 

 

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