Devida: Tenemos que implementar estrategias sostenibles para el control focalizado de cultivos ilícitos

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón Garrido, participó en el lanzamiento del Informe 2021 de la Junta Internacionales de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en donde ratificó el compromiso con las obligaciones de las tres convenciones internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) en materia de la lucha contra las drogas.

 

Participaron en el evento, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo; el representante de UNODC Perú, Antonino De Leo; el director regional de la UNODC Región Andina y Cono Sur, Pierre Lapaque; la coordinadora del programa de Manejo Seguro y Eliminación de Drogas y Químicos Incautados de la UNODC, Luisa Fernández y los miembros de la JIFE, Alberto Otárola (Perú) y César Arce (Paraguay).

 

“El Gobierno reconoce la necesidad de implementar estrategias sostenibles para el control de la oferta de los cultivos ilícitos, para la producción de estupefacientes en el marco de una experiencia que hemos adoptado en el país, desde algunos unos años ya. La experiencia de los programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible constituyen un eje fundamental de nuestro escenario”, aseveró Soberón.

 

“En ese sentido, desde nuestra gestión hemos planteado, en paralelo, acciones de interdicción puntuales y concretas, incluyendo la erradicación focalizada y sostenible de cultivos ilícitos de coca, particularmente en cinco áreas del territorio nacional que son señal clara del compromiso global:  áreas naturales y protegidas, zonas de amortiguamiento, territorios indígenas, bosques de protección y áreas de frontera”, agregó.

 

En ese sentido, se expuso los alcances del Pacto Social Ciudadano como un compromiso construido entre el Estado y la Sociedad Civil de la región Andino – Amazónica, prioritariamente con los pueblos originarios y los productores agrarios, a fin de que estos reduzcan voluntariamente los cultivos de coca, en el marco de la actual Política Nacional Contra las Drogas al 2030.

 

Este pacto focalizará la disminución de cultivos de coca con fines ilícitos de manera gradual y sostenible, potenciará la seguridad sistémica territorial y procurará el cambio hacia un régimen de control más efectivo de la producción, acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca legal.

 

En el marco de la responsabilidad común y compartida; y bajo las disposiciones que rigen la gestión pública nacional, Soberón Garrido reafirmó el compromiso de continuar con la cooperación con la UNODC para la implementación de monitoreo de cultivos ilícitos.

 

Cabe resaltar que este el Informe 2021 de la JIFE se enfocó en los flujos financieros ilícitos, en sus vínculos con el tráfico de drogas y en sus efectos más amplios en la sociedad.