Defensoría del Pueblo supervisa acciones en caso de adolescentes rescatadas de trata con fines de explotación sexual en SMP

La Defensoría del Pueblo expresa su reconocimiento al operativo que la madrugada del último domingo permitió rescatar a 40 adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual en el distrito limeño de San Martín de Porres. En ese sentido, informa que, a través de su oficina en Lima Norte, viene haciendo seguimiento a la labor de la Policía Nacional del Perú y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, a fin de garantizar la atención integral en salud y tratamiento psicológico a las víctimas, evitando en todo momento que sean revictimizadas.

Según informó la sede de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, de manera paralela se hará seguimiento ante la Municipalidad de San Martín de Porres, a fin de que se cumpla la orden dispuesta por el Ministerio Público para clausurar definitivamente la discoteca donde fueron ubicadas las adolescentes.

Cabe indicar que, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, entre los años 2017 y 2023 se han registrado en nuestro país 3767 casos de trata de personas, de los cuales el 85 % de las víctimas fueron mujeres. De acuerdo a la misma fuente, de este último porcentaje el 27 % de víctimas mujeres tuvieron entre 12 y 17 años.

Ello se condice con las cifras consignadas en uno de los últimos reportes “Qué pasó con ellas”, elaborado por la Defensoría del Pueblo y en el que se advierte que las niñas y adolescentes representan el mayor número de mujeres desaparecidas en nuestro país, si se considera que la desaparición y trata de personas son delitos estrechamente vinculados.

En septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo se dirigió al Congreso de la República, solicitándole requerir al Ejecutivo rendir cuentas de las medidas que se vienen adoptando para el cumplimiento de metas y objetivos en materia de trata de personas, que por más de 5 años no se había realizado. En el marco de dicha  recomendación, en octubre del año pasado el Ministerio del Interior presentó un informe donde señala que se tiene al 70 % de cobertura distrital con el sistema de inspección de casos trabajo forzoso y trabajo infantil; y que el 41 % de casos de trata de personas ha sido atendido por las fiscalías especializadas.

Como se puede observar, la trata de personas continua siendo una grave problemática en nuestro país, que afecta de forma particular a las mujeres y adolescentes, vulnerando sus derechos humanos como la vida, la libertad, la salud, la integridad, una vida libre de violencia y, en especial, la dignidad.

En ese sentido, para la Defensoría del Pueblo, urge que las instituciones a cargo de la atención de casos de trata de personas consideren aspectos como el impacto en la salud física y mental de las víctimas, incorporando además el enfoque de derechos humanos, niñez y adolescencia, género, interculturalidad e interseccionalidad. Asimismo, se insta a los gobiernos regionales y locales a impulsar acciones preventivas y de sensibilización a la ciudadanía, a fin de identificar situaciones de riesgo y formas de captación frecuentes para que puedan ser denunciadas oportunamente.