Defensoría del Pueblo: municipalidad de Carabayllo debe actualizar el registro de su población con discapacidad y generar políticas de apoyo

La Municipalidad Distrital de Carabayllo debe registrar a su población con discapacidad y generar, para ella, políticas que les permita desarrollarse, entre otros campos, en el laboral, porque ello representa mejorar sus condiciones de vida, economía familiar y evitar que siga siendo un sector poblacional discriminado.

Así lo señaló la jefa (e) de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Liliana Rodríguez, a través de un oficio dirigido al burgomaestre de dicho distrito, Pablo Mendoza Cueva, tras reunirse con agrupaciones representantes de personas con discapacidad quienes manifestaron su interés de contar con áreas y espacios para para desarrollar actividades de trabajo, que les permita vender productos para solventar sus gastos familiares.

“La posibilidad de trabajar representa la oportunidad de generar ingresos para nuestras familias y también contribuir con el desarrollo personal que necesitamos porque nos consideramos en capacidad de hacerlo”, dijo Manuel Alejandro Moreno Soto, secretario de actas de la asociación Unidos por una Inclusión de Amor Torre Blanca, durante la reunión sostenida en el frontis de la municipalidad de Carabayllo.

Al entrar en contacto con los representantes de la Defensoría del Pueblo, las personas con discapacidad presentes y sus familiares manifestaron su disconformidad con el anterior coordinador de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad – Omaped- porque no tenía el registro actualizado y esto generaba que no todo este grupo poblacional se vea beneficiado de las diferentes actividades que se realizan en su favor.

En esa línea, la institución ha solicitado formalmente a la máxima autoridad municipal tener una audiencia, tentativamente para el jueves 15 de febrero, para poder abordar la  problemática de la población con discapacidad en Carabayllo.

Como es de su conocimiento público, la Defensoría del Pueblo tiene como mandato constitucional la defensa de los derechos fundamentales de las personas, con especial énfasis los grupos más vulnerables como el que representan las personas con discapacidad.