Defensoría del Pueblo reitera a municipalidad de Los Olivos evaluar el retiro de rejas instaladas bajo argumento de brindar seguridad

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación ante la omisión de las autoridades municipales del distrito de Los Olivos de atender ante los numerosos pedidos para retirar las rejas que limitan irrazonablemente el derecho a la libertad de tránsito en diversas calles de su jurisdicción, afectando principalmente a las personas con discapacidad física y de niños y niñas que son transportados en vehículos manuales.

A través de una última misiva remitida al alcalde de la Municipalidad de Los Olivos, Luis Felipe Castillo Oliva, la entidad exhortó se proceda a realizar la fiscalización en las calles que unen las avenidas Beta y Alfa, en la urbanización El Trébol, tras advertir que las rejas instaladas por los vecinos del lugar, se han convertido en una seria limitante para el libre tránsito, en especial de las personas con discapacidad motora.

“Estas estructuras de metal no cumplen con las características técnicas que señala la ordenanza municipal, limitan el libre tránsito, no permiten la atención de casos de emergencia a través del ingreso de una unidad de ambulancia o del cuerpo de bomberos; pero la mayor afectación la enfrentan las personas con discapacidad física, debido a que a las puertas peatonales de las rejas les han agregado una especie de 2 asas a los costados”, dijo la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano.

Refirió que en otro pasaje de su recorrido, pudo verificar otros obstáculos como estructuras de metal en el centro de las puertas de acceso peatonal así como una puerta de ingreso que no supera los 40 cm de ancho, lo que impide el desplazamiento de una persona en silla de ruedas o de bebes que son transportados en coches.

Al respecto, el Tribunal Constitucional (TC), ha establecido que la instalación de rejas como medida de seguridad vecinal no es, per se, inconstitucional, si se compatibiliza o encuentra un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho y la seguridad ciudadana como bien jurídico. Por ende, sería inconstitucional si la reja instalada limita derechos de forma irrazonable o desproporcional, como se advierte en el caso denunciado.

A continuación, recordó a las autoridades municipales de Los Olivos que la Ley n.° 29963, Ley General de las Personas con Discapacidad, reconoce a este sector poblacional el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, en igualdad de condiciones que los demás y obliga a las autoridades municipales a promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las edificaciones de su jurisdicción. También contempla la facultad de sancionar su incumplimiento. En los casos que nos convoca hay un claro incumplimiento de obligaciones.

La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando a los vecinos de Lima Norte en la defensa de sus derechos ciudadanos, especialmente de aquellos que tengan un mayor nivel de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos.