Defensoría del Pueblo recomienda a SAT Huamanga considerar condiciones de vulnerabilidad ante aplicación de sanciones por deudas tributarias

Nota Informativa
Sede defensorial intervino en el caso de una familia en condición de extrema pobreza, cuya madre se encuentra en estado delicado de salud.
Tras el logro de este compromiso, la sede defensorial en Ayacucho recordó que la administración pública debe tener en cuenta que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado

Fotos: Defensoría del Pueblo

23 de febrero de 2024 - 3:27 p. m.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho exhortó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Huamanga a tener en cuenta aspectos como la condición de vulnerabilidad de las personas, frente a la imposición de medidas de embargo u otras que afecten los derechos de propiedad de las y los contribuyentes.

El pedido fue realizado tras intervenir en el caso de una familia a la que el SAT de Huamanga venía aplicando medidas coercitivas de cobranza, pese a su condición de extrema pobreza y al estado de salud de una de sus integrantes.

Según se explicó, la madre de familia recibe tratamiento en la ciudad de Lima debido a su estado delicado de salud, originando con ello gastos significativos en su tratamiento. Es por esta razón que la familia no habría podido cubrir con el pago del impuesto predial, originando con ello una acumulación de deudas y la imposición de medidas confiscatorias de sus cuentas de ahorros.

La intervención de la sede defensorial en Ayacucho permitió que la entidad recaudadora ponga en práctica condiciones más humanas de cobro por concepto del impuesto predial en proceso de ejecución coactiva, a fin de no afectar la subsistencia de esta familia en estado de vulnerabilidad. El SAT de Huamanga se comprometió, en este caso, a otorgar cuotas accesibles para que puedan ser asumidas por la familia.

Tras el logro de este compromiso, la sede defensorial en Ayacucho recordó que la administración pública debe tener en cuenta que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que deben garantizarse los derechos fundamentales de la ciudadanía.