Defensoría del Pueblo: urgen acciones para prevenir desapariciones de niñas y adolescentes, que constituyen la mayor tasa de este delito

Al haberse iniciado el año escolar, y considerando que la niñez y adolescencia está expuesta a riesgos contra su libertad e integridad en diferentes entornos, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio de Educación a contribuir en el fortalecimiento de la labor preventiva al interior y en los exteriores de las instituciones educativas, a fin de incidir en la reducción de la alta tasa de desaparición de niñas y adolescentes que se registra en todo el país.

El pedido fue dirigido tras advertirse que, durante el último mes de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 494 notas de alerta de mujeres reportadas como desaparecidas, de las cuales el 58 % correspondieron a niñas y adolescentes, con 287 casos; mientras que un 42 % estuvieron referidas a mujeres adultas.

De otro lado, de acuerdo a las cifras, durante enero se reportaron 955 denuncias por desaparición de mujeres de todas las edades, lo que constituye un incremento del 42 % respecto al mismo mes de 2023, en que la cifra de denuncias por mujeres desaparecidas fue de 671 casos.

Las regiones con más denuncias por desaparición de mujeres, en enero de este año, fueron Lima (331), Piura (58), Lambayeque (53), Cusco (51), La Libertad (48), Junín (45) y Arequipa (40).  En dicho periodo, además, se produjeron 16 feminicidios, de los cuales 4 fueron reportados previamente como desapariciones. Asimismo, se produjo un caso de muerte violenta de mujer, es decir que no ha sido aún tipificado como feminicidio; y seis tentativas de feminicidio.

Ante esta problemática, urge que se continúe fortaleciendo la cooperación interinstitucional para garantizar la búsqueda y ubicación de las víctimas, así como el apoyo a las familias. Por ello, para la Defensoría del Pueblo resulta importante el trabajo intersectorial, como el que deben realizar el Ministerio de Educación (a través de las unidades de gestión educativa local – UGEL – y las direcciones o gerencias regionales de educación) y la PNP.

Esta labor debe incluir la capacitación constante al personal directivo y docente de las escuelas, así como a las/os estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, sobre los contextos en los que suelen ser captadas las personas menores de edad, las estrategias de engaño y situaciones de riesgo a las que están expuestas, así como los canales de denuncia y rutas de atención.

De otro lado, se debe recordar que las notas de alerta y las alertas Amber (antes alertas de emergencia) resultan ser claves para que se active la búsqueda efectiva de las víctimas por parte del Estado. Por ello, resulta primordial que se fortalezca la articulación de la PNP con el sector Educación, para difundir el procedimiento de denuncia en los colegios, a fin de tener una respuesta rápida y efectiva.

Finalmente, con base en el deber de protección especial de las niñas, niños y adolescentes por parte del Estado y la comunidad, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las diversas entidades públicas, privadas y los medios de comunicación, para que adopten un rol activo en la difusión de las notas de alerta; a la sociedad en su conjunto para el involucramiento en la búsqueda y ubicación de las víctimas, así como en la difusión de los canales de atención como la línea 114, del Ministerio del Interior, o la línea 100, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Puede acceder al último reporte ¿Qué pasó con ellas? en el siguiente link: