Exhortamos al Estado a garantizar derechos de todas las personas y a adoptar medidas a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo, en atención a su mandato y la existencia de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad solicita al Estado peruano redoblar sus esfuerzos para garantizar los derechos de todas las personas, en especial de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas defensoras de derechos humanos, personas en situación de movilidad, entre otras.

En ese sentido, la institución da cuenta de algunas de las intervenciones realizadas y retos pendientes en materia de defensa de derechos. Así se tiene que, este año, se implementó el Programa Rompiendo Cadenas, que tiene como objetivo lograr que el Estado, pueda brindar atención en salud, educación, recreación, vida libre de violencia, considerando su dignidad y derechos a la protección especial, bienestar integral y otros conexos, a niñas, niños y adolescentes con progenitores o cuidadores recluidos en establecimientos penitenciarios.

En el marco de este programa y de la información obtenida, tras supervisar 45 penales, 13 exclusivos para mujeres y 32 mixtos, se tuvo conocimiento de que 40 niñas y niños menores de 3 años tenían problemas de salud y solo 18 recibieron tratamiento médico. Además, 84 personas menores de edad no tenían DNI, y madres de 1757 de ellas/os desconocían si contaban con el referido documento. Actualmente, se están supervisando los penales de varones a nivel nacional, a fin de completar la información estadística e iniciar las coordinaciones necesarias para la atención de niñas, niños y adolescentes.

Sobre las personas migrantes y refugiadas, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el D. L. n.° 1582 y su procedimiento de expulsión célere contra migrantes irregulares. Al respecto, se advirtió que el enfoque de la política migratoria del Estado ha pasado de uno de derechos humanos a uno de seguridad, que castiga con la misma sanción (expulsión) a aquellos migrantes que cometen crímenes y a aquellos en situación migratoria irregular. Esta norma imposibilita en la práctica la regularización de extranjeros, y podría llevar al Estado a incumplir normas internacionales, como el principio de no devolución de migrantes y solicitantes de refugio; así como a separar a niños, niñas y adolescentes de sus familias, atentando contra su interés superior y la unidad familiar.

Por otro lado, la institución, en su rol de Mecanismo Independiente encargado de Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación en el Estado Peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala la urgencia de garantizar, entre otros aspectos, un proceso adecuado de consulta previa; la implementación del sistema de apoyos y salvaguardas; el restablecimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad interdictadas, restricciones jurídicas; la implementación del D. L. n.° 1382; sus derechos sexuales y reproductivos; así como, una estrategia nacional y multisectorial de desinstitucionalización.

Respecto a la atención de las víctimas del periodo de violencia 1980-2000, la Defensoría del Pueblo recomendó la aprobación de la Política Nacional de Reparaciones y la Política Nacional de Búsqueda e Identificación de las Personas Desaparecidas. En el seguimiento de los procesos judiciales se han identificado demoras, falta de garantías del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, ocasionando la revictimización de las personas afectadas.

En relación a las personas defensoras de derechos humanos, la institución expresa su preocupación por la situación que enfrentan quienes dedican sus esfuerzos a esta labor en el país y son víctimas de estigmatización, detenciones arbitrarias, utilización indebida del derecho, amenazas, e incluso homicidios. En ese contexto, la última pérdida de una persona defensora fue del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, Apu de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, provincia y departamento de San Martín, ocurrida en noviembre. Este líder había denunciado amenazas previas debido a su labor en defensa del medio ambiente.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recuerda que la protección de este grupo de personas debe enmarcarse dentro del contexto de las tres obligaciones que las normas internacionales de derechos humanos imponen a los Estados: respetar los derechos humanos absteniéndose de violarlos; proteger esos derechos, interviniendo mediante medidas de protección en favor de las personas defensoras contra las amenazas de agentes no estatales;  y cumplirlas garantizando un entorno seguro y propicio para que las personas disfruten de sus derechos y realicen sus actividades.

Al recordarse en la fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó que la institución reafirma su compromiso en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, principalmente, de las poblaciones vulnerables del país, en concordancia con las normas y estándares internacionales provenientes de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano,  y que conforman el derecho interno según el artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.