Defensoría del Pueblo: demandamos para las personas con discapacidad reforzar servicios y medidas que garanticen su igualdad y no discrimina

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, a reforzar los servicios y medidas dirigidas a cubrir las necesidades de esta población en su diversidad, con el fin de eliminar la discriminación estructural que experimentan en su día a día y así garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

El XII Censo de Población 2017 identificó que el 10,3% de los habitantes en el territorio nacional presenta al menos una condición de discapacidad. Es decir, una de cada 10 personas en el Perú forma parte de esta población, mostrando en un 48.3% dificultades para ver, en un 15.1% para moverse o caminar, mientras que, un 18,5% tiene dos o más discapacidades. Según la etapa de vida, el 40.1% son adultas mayores y el 14.3% niñas, niños y adolescentes, así también, el 56.7% son mujeres y el 43.3% varones.

Considerando la diversidad de características de esta población, conforme al Censo 2017 y otros instrumentos que miden el impacto de la discriminación estructural en el Perú, como la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, existen barreras estructurales que dificultan que las personas con discapacidad ejerzan derechos como la educación, salud, empleo, entre otros, en igualdad de condiciones que las demás personas.

Un sector importante de esta población tiene necesidad de apoyo y/o asistencia para el ejercicio de sus derechos y libertades, mediante mecanismos que muchas veces no brinda el Estado y que tienen que asumirse y/o costearse por la misma persona con discapacidad y/o su entorno familiar”, explicó la jefa del Programa de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

En ese contexto, durante el presente año el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas examinó los informes periódicos del Perú, en sus sesiones 634º y 638º. El 29 de noviembre último, publicó sus Observaciones finales a través de las cuales recomienda la adopción urgente de medidas priorizando el reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley; el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y sobre la educación inclusiva, entre otras medidas descentralizadas.

En esta línea es urgente garantizar, entre otros aspectos, un proceso adecuado de consulta previa; la implementación del sistema de apoyos y salvaguardias; el restablecimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad interdictadas, restricciones jurídicas; la implementación del Decreto Legislativo 1384; los derechos sexuales y reproductivos de esta población; así como una estrategia nacional y multisectorial de desinstitucionalización de las personas con discapacidad.

A ello se suma, el requerimiento de asignar mayores recursos económicos a la realización de ajustes razonables para los estudiantes, así como a la implementación y aumento de cobertura del Servicio de Apoyo Educativo; más recursos humanos y financieros para crear más programas de intervención temprana y aumente la edad de las niñas y los niños cubiertos para garantizar la transición a la educación inclusiva y medidas para eliminar el abuso y el acoso contra los niños con discapacidad.

 La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, supervisará con absoluta atención los aspectos recomendados al Estado peruano para lograr la igualdad y no discriminación de este grupo de nuestra población. En esa línea, seguirá atenta a las necesidades de este grupo vulnerable y pone a disposición para cualquier consulta la línea gratuita 0800-15170.