Defensoría del Pueblo: urge fortalecer la aplicación de protocolos de actuación conjunta para atender a mujeres víctimas de violación sexual

Una de las formas más crueles de afectación contra las mujeres es la violación sexual porque impacta en su salud integral y en sus proyectos de vida, por eso urge que el Estado fortalezca la respuesta interinstitucional para atender oportunamente esta grave problemática.

Durante el año 2022 la Policía Nacional del Perú (PNP), registró 9 698 denuncias de esta naturaleza, lo que representa el 94 % de los casos a nivel nacional, con alrededor de 27 casos diarios. Mientras que, entre enero y octubre de este año, los Centros Emergencia Mujer (CEM) han atendido 10 610 casos de violación sexual a nivel nacional, de los cuales el 95.5 % de víctimas son mujeres.

En este contexto, hoy se desarrolló una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y Ministerio de Salud (MINSA); así como voceros de la sociedad civil.

Se presentaron los principales hallazgos identificados en la supervisión realizada a la implementación de los protocolos de actuación conjunta en los principales servicios de atención para las mujeres víctimas de violencia sexual.

A partir de esta investigación, la Defensoría del Pueblo en su rol de colaborador crítico, busca ayudar a fortalecer el trabajo articulado entre los establecimientos de salud, los Centros Emergencia Mujer, los Centros de Salud Mental Comunitarios y el servicio de Defensa Pública del Minjusdh, centrándonos en las regiones con los índices más altos de violencia contra las mujeres en nuestro país, como son: Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad y Lima.

Entre los principales hallazgos de la supervisión realizada a 139 servicios públicos, se destaca que, el 89 % de las personas responsables conoce la ruta articulada para la atención de casos de violación sexual contra mujeres adultas; sin embargo, un 11 % todavía no la conoce, a pesar de que los protocolos de actuación conjunta tienen más de 2 años de vigencia.

Asimismo, se verificó que en el 94 % de los casos, el personal de los establecimientos de salud cumple con informar a las víctimas de violación sexual sobre su derecho a recibir el kit de emergencia, que contiene algunos de los medicamentos necesarios para prevenir infecciones y enfermedades de trasmisión sexual, así como un posible embarazo producto de la violación. No obstante, resulta preocupante que un 17 % de los establecimientos de salud supervisados señaló que no cuentan con todos los medicamentos que forman parte de este kit.

Por otro lado, es importante destacar que un 42 % de los CEM supervisados cumple con acompañar siempre a la víctima de violación sexual al establecimiento de salud, un 38 % casi siempre y un 18 % los hace de forma eventual. Además, se debe tomar en cuenta que no todos los CEM cumplen con adjuntar las fichas de identificación del riesgo y de notificación del caso, que es obligatorio de acuerdo al Protocolo de Actuación Conjunta CEM – Establecimientos de Salud.

“En los casos de violación sexual es indispensable contar con espacios que garanticen la confidencialidad y privacidad a las víctimas, no obstante, se identificó que el 32 % de los servicios supervisados no garantizan estas características en la atención”, recalcó la adjunta para los Derechos de la Mujer, Diana Portal.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer -25 de noviembre- recuerda que es necesario fortalecer la respuesta del Estado de manera integral, articulada y diligente, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres de nuestro país.