Defensoría del Pueblo: se deben fortalecer y articular las políticas nacionales contra la violencia hacia las mujeres

Nota de Prensa n.° 1442/OCII/DP/2021

La Defensoría del Pueblo ha advertido, en un informe, que si bien existen múltiples decisiones normativas y de política pública que evidencian que la violencia contra las mujeres es un problema central para el Estado peruano, se ha carecido de una articulación en la formulación e implementación de estos planes, lo que puede afectar su eficiencia y efectividad. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha formulado recomendaciones para corregir esta situación.

En efecto, la institución reconoce que, bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se desarrollaron diversos instrumentos de gestión, compromisos, productos, servicios y acciones orientadas a erradicar el problema con indicadores y metas concretas. Así, la Defensoría del Pueblo, durante la actual gestión, ha supervisado la labor de las instituciones del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) y la respuesta de sectores involucrados, gobiernos regionales y locales en el marco del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (PNCVG).

Tras las recomendaciones formuladas y acogidas por estas instituciones, la institución defensorial desplegó una supervisión que se ha plasmado en el Informe Defensorial n.°186, Balance sobre la política pública contra la violencia hacia las mujeres en el Perú (2015 – 2020). Este documento identifica los avances y obstáculos en la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), el PNCVG; el Programa Presupuestal orientado a Resultados para Reducir la Violencia contra la Mujer (PPoR-RVcM); y el Plan de Acción Conjunto (PAC).

De esta manera, se advirtió que los instrumentos han tenido distinta metodología en su formulación. Ello originó que el PAC, por ejemplo, no tomara en cuenta lo planteado por el PNCVG, ni considerara el análisis causal o evidencia que sustente la comprensión del problema que busca afrontar. Pese a ello, su implementación fue priorizada frente al PNCVG.

Sobre el seguimiento y evaluación de los documentos, cabe señalar que no existe ninguna disposición que prevea la articulación entre la PNIG y la Comisión de Alto Nivel (CMAN), pese que la Ley 30364 exige que esta última haga seguimiento y monitoree los planes nacionales que abordan la problemática. En la práctica, se priorizó el seguimiento del PAC y el PPoR-RVcM, lo que tiene un impacto en el monitoreo de la respuesta del Estado frente a diversas formas de violencia reconocidas en el PNCVG.

Otra consecuencia de la diversidad de instrumentos supervisados es que no se considera el seguimiento de todas las instituciones involucradas en el problema. Cada instrumento reconoce un número distinto de instituciones y solo el grupo conformado por el MIMP, Mininter, MINJUSDH, Minedu, Minsa, Ministerio Público y Poder Judicial son reconocidos en todos los instrumentos. Esto genera múltiples decisiones normativas y de política pública, pero sin una articulación en su formulación e implementación, lo que pueda afectar su eficiencia y efectividad.

Por ello, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de ministros adoptar las medidas necesarias para que las políticas promovidas desde el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico tengan correlato con el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, es necesario que se garantice la implementación de la PNIG a través de un adecuado eje presupuestal.

También, se han solicitado al MIMP articular los diversos planes, considerando el SNEJ y el PPoR en relación con la PNIG. De la misma forma, debe considerar esta política de manera integral en las normas de gestión relacionadas y destacar la relación entre las violencias y la discriminación estructural que afecta de manera particular a la diversidad de mujeres, además de homogeneizar los indicadores y metas en el proceso de actualización y mejora de estos instrumentos de gestión.

Finalmente, se ha recomendado al INEI implementar instrumentos de medición de los indicadores relación con la violencia en función de la PNIG y del PPoR-RVcM, así como recoger información sobre las diversas modalidades de violencia que afectan a las mujeres, niñas y adolescentes en la Endes y la Enares, lo cual debe ser complementado con la información que sistematiza sobre la violencia en relaciones de pareja.

La Defensoría del Pueblo expresa la necesidad de que el abordaje desde el Estado sea integral y sistemático, lo cual implica no solo una problematización amplia del problema, sino una respuesta articulada desde los diversos sectores y los instrumentos de gestión. Se continuará con la labor de supervisión del funcionamiento de estos documentos y de las instituciones que los llevan a cabo.

Puede ver el informe Balance sobre la política pública contra la violencia hacia las mujeres en el Perú (2015 – 2020) en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/Balance-sobre-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-en-el-Per%C3%BA_25.11.21.pdf.