Pronunciamiento n.° 13/DP/2022

Pronunciamiento

12 de abril de 2022

Defensoría del Pueblo demanda una investigación diligente en caso que involucra a exasesor del Mincetur y a congresista Guido Bellido



Ante la denuncia por la presunta difusión de imágenes íntimas en contra del exasesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Daniel Abarca Soto, y que involucran al congresista Guido Bellido Ugarte, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:

  1. Exigimos una investigación diligente que impida la impunidad ante la grave denuncia contra el mencionado exfuncionario por violencia sexual y psicológica. Si bien, la autoridad judicial ha dictaminado las medidas de protección a favor de la víctima, instamos a las autoridades policiales a implementar a cabalidad estas garantías en favor de la seguridad e integridad de la denunciante; asimismo, pedimos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implemente todas las medidas de acompañamiento y asesoramiento que correspondan a sus funciones.

  2. Sobre la denuncia por difusión de imágenes íntimas, recordamos que es un delito tipificado en el artículo 154-B, penado con no menos de tres ni mayor de seis años en casos en que la víctima haya mantenido una relación de pareja con el agente o haya utilizado algún medio de difusión masiva. En ese sentido, demandamos la intervención del Ministerio Público para que, atendiendo a la víctima, se investigue la presunta comisión de este delito y, eventualmente, se amplíe la protección y garantías a la denunciante, ya que se trata de un caso que involucra al círculo de poder del actual Gobierno.

  3. Demandamos al Mincetur proporcionar explicaciones sobre las razones de la contratación de Daniel Abarca Soto como asesor de dicha entidad. Tal como lo hemos expresado reiteradamente, es perjudicial para el buen funcionamiento del Gobierno, que personas con falta de experiencia en gestión pública o con vinculación a casos de violencia contra las mujeres ejerzan funciones en instancias del más alto nivel de decisión o de asesoramiento, por lo que solicitamos que dicho ministerio revise de manera integral la designación de sus funcionarias/os para corregir decisiones que fueran contrarias al principio de idoneidad para la función pública.

  4. Solicitamos al Congreso de la República analizar a fondo la denuncia de la víctima, quien además alega que ha recibido amenazas directas de una integrante del partido político Perú Libre. Por tanto, consideramos que la Comisión de Ética debe investigar las acciones u omisiones en las que habría incurrido el congresista Bellido en su comportamiento como parlamentario. Del mismo modo, demandamos al Poder Legislativo mostrar la máxima diligencia y compromiso para investigar y sancionar los casos vinculados con situaciones de violencia de género que involucran a sus miembros.

  5. Rechazamos la reiterada mala práctica que viene desarrollando el Poder Ejecutivo al designar funcionarios con graves denuncias –como violencia de género–, sin experiencia en gestión pública o con presuntos vínculos asociados al tráfico de influencias.

La Defensoría del Pueblo señala que la lucha contra la violencia hacia las mujeres exige una masiva probidad en todo el aparato público; de lo contrario, será más difícil erradicar este problema. En tal sentido, realizará el seguimiento a las investigaciones y actuaciones de las entidades competentes. 

Documentos

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