Defensoría del Pueblo: Municipalidad de San Borja no cuenta aún con instancia de lucha contra violencia hacia mujeres

Nota de Prensa
Otros municipios del centro de la capital muestran poco impulso a labor de defensa y protección a víctimas.

Fotos: Defensoría del Pueblo

30 de diciembre de 2021 - 3:58 p. m.

Nota de Prensa n.° 1517/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima hizo un llamado a las autoridades de las municipalidades distritales del centro de la capital a adoptar una actitud más activa en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El pedido fue hecho al término de una supervisión en la que se determinó que la mayoría de los distritos que conforman el sector conocido como “Lima Centro” no viene impulsando la labor de las instancias de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.

El caso de San Borja es aún más crítico, tras conocerse que todavía no cuenta con este mecanismo de trabajo pese a que se encuentra establecido en la Ley n.° 30364, cuya entrada en vigencia se produjo hace casi cinco años. En el caso de Lince, se pudo conocer que, si bien cuenta con instancia, esta carece de plan de trabajo; mientras que la Municipalidad Distrital de La Molina no ha adecuado su instancia al Protocolo Base de Actuación Conjunta (PBAC), que establece los procedimientos a seguir a fin de brindar atención integral a las víctimas de violencia.

Entre otros aspectos, se pudo determinar que algunos distritos tampoco han informado el estado actual de sus instancias a la Instancia Regional de Concertación, que encabeza la Municipalidad Metropolitana de Lima y es conformada también por la Defensoría del Pueblo. La lista de estos distritos la conforman Breña, Chorrillos, Jesús María, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. Por su parte, los distritos que todavía no designan a una persona responsable de brindar información sobre el estado de sus instancias distritales son Barranco, La Victoria, Rímac, San Isidro y Surco.

Tras estas evidencias, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta, destacó el rol que deben cumplir las instancias de concertación, al constituir espacios de participación interinstitucional en los que se adoptan decisiones importantes a favor de la protección y recuperación de las víctimas de violencia, así como de sanción y rehabilitación de las personas agresoras dentro de cada comuna.

El representante de la Defensoría del Pueblo se pronunció así en los documentos que remitió a las autoridades ediles de la zona centro de la capital, en los que también resaltó el trabajo que deben cumplir las instancias de concertación distrital como pieza inicial en los tres niveles de actuación que tiene el Estado frente a la violencia hacia las mujeres.

“En el marco de un Estado descentralizado, resulta favorable el desarrollo de acciones concretas para luchar contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de superar las brechas de género existentes en nuestro país en todos los niveles de gobierno”, sostuvo Huerta, al subrayar que la función de los gobiernos locales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales y en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.