Defensoría del Pueblo: urge implementar medidas para atención integral de personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas

La Defensoría del Pueblo alertó al Poder Ejecutivo sobre la urgencia de adoptar e implementar medidas destinadas a brindar una atención integral a la problemática de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, siendo imperante la atención de problemáticas de contaminación ambiental. En ese sentido, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la aprobación e implementación inmediata del Plan Especial Multisectorial, que permitirá al Estado trabajar de manera articulada con la población y otros sectores involucrados en este problema; así como la pronta reglamentación de la Ley n.° 31189, Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

Estos pedidos forman parte del conjunto de recomendaciones contenidas en el informe En defensa de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas: los impactos de la contaminación ambiental, presentado hoy y que recoge los resultados de la supervisión y señala que el riesgo de exposición poblacional a estos metales pesados y sustancias recae en un estimado de 10 162 380 habitantes, equivalentes al 31.15 % de la población nacional. Estas cifras resultan más preocupantes si se tiene en cuenta el análisis por región, donde se concluye que más de la mitad de la población de Pasco, Puno, Amazonas, Callao, Madre de Dios, Moquegua, Cusco y Ucayali, así como la totalidad de la población de Lambayeque, se encuentra en esta situación. 

En el informe, además, se da cuenta que, al año 2018, se habían identificado un total de 4867 casos de exposición, de los cuales el 84 % correspondió a niñas y niños entre 0 y 11 años de edad, por lo que la entidad destacó la importancia de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con los ministerios de Salud, Ambiente y demás competentes, dispongan acciones estratégicas y permanentes que permitan garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud de toda niña y niño expuesta/o a contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas.

Otro de los principales planteamientos de la investigación defensorial, consiste en la urgencia de atender las problemáticas ambientales que constituyen las principales fuentes de exposición, y que han sido materia de diversas recomendaciones de la institución al Estado peruano. En efecto, se reiteró la importancia de priorizar la atención de los 3231 pasivos ambientes de hidrocarburos inventariados, así como de los 7668 pasivos ambientales mineros, de los cuales menos de la tercera cuenta con un instrumento de instrumento de gestión ambiental aprobado para lograr su remediación o reaprovechamiento en forma sostenible, siendo Áncash, Cajamarca y Puno las regiones con mayor presencia de pasivos mineros.

De otro lado, se insistió en la importancia de intensificar en la lucha contra la minería ilegal, presente en 24 regiones del país, que causa deforestación, afecta áreas naturales protegidas, contamina ríos, y afecta a miles de personas; así como en dar solución a la contaminación histórica por derrames de hidrocarburos que se han producido en la Amazonía.

Del mismo modo, tras mostrar que existe población que aun accede a agua para consumo humano mediante ríos, manantiales y acequias, que podría estar contaminadas, se insistió en la importancia de avanzar en la remediación ambiental y acelerar la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura de agua y saneamiento paralizados, garantizando su operatividad y transparencia en el gasto, así como en la necesidad de implementar el Sistema Nacional de Información de la Vigilancia Sanitaria del Agua, pendiente desde hace 9 años. 

No obstante, estas problemáticas y cifras alarmantes, que afectan a casi la totalidad de regiones en el territorio nacional, el 80 % de las regiones no cuenten con un Plan de Acción Integral de Salud para el abordaje a la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas en el marco de la Directiva Sanitaria n.° 126-MINSA/2020/DGIESP, vigente desde diciembre de 2020. En atención a ello, la institución exhortó a las autoridades sanitarias regionales a avanzar con esta importante tarea. 

En el evento, participaron Yolanda Zurita, representante de Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, Jan Jarab representante de  la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Tania López, Jefa de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, así como Mariano Castro, Viceministro de Gestión Ambiental anunció que el "Plan Especial Multisectorial para atención a las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas ya fue aprobado y será publicado en los próximos días".

Por su parte, Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, anunció que, tras su aprobación, la Defensoría del Pueblo supervisará la correcta implementación del referido Plan Multisectorial. “El informe presentado esta mañana busca, no solo hacer una evaluación de las medidas estatales, sino principalmente promover mejoras en la atención de las problemáticas expuestas, con fin de proteger los derechos de todos los peruanos y peruanas”, concluyó.   

La Defensoría del Pueblo continuará en su labor para la mejora en la atención de la problemática de personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas, así como para la protección de los derechos de todas las personas afectadas por la contaminación ambiental.