Defensoría del Pueblo: Policía Nacional y Fiscalía deben actuar articuladamente en Ayacucho

Nota de Prensa N° 184/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó a la Región Policial de dicha ciudad instruir al personal policial para accionar de forma coordinada y articulada con el Ministerio Público, durante sus intervenciones a establecimientos que operan sin acatar las restricciones dispuestas en el contexto de la actual emergencia sanitaria.

Este pedido se hizo luego de conocerse que responsables de una discoteca estaban derrumbar el muro colocado en la puerta del local para permitir el ingreso a sus clientes, pese a que se mantenía una orden de clausura impuesta por la Municipalidad Provincial de Huamanga y que las Fiscalías Penales de Turno y de la Prevención del Delito no se ponían de acuerdo sobre sus competencias para intervenir en dicho caso, lo que dio lugar a que los efectivos de la Policía Nacional decidieran retirarse.

Al respecto, el representante de la Defensoría del Pueblo en esta región, David Pacheco-Villar, recalcó la necesidad de que la Policía de cuenta inmediata a la Fiscalía Penal de Turno cuando se constate la flagrancia del delito de desobediencia a la autoridad, para que proceda a actuar conforme a sus competencias.

De otro lado, resaltó también el importante rol que les corresponde cumplir a las municipalidades en la actualidad, velando por el cumplimiento de las normas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19. Sobre el particular recordó que se encuentran facultadas para sancionar a las empresas o comercios que se rehúsen a cumplir sus disposiciones, disponer su clausura temporal o definitiva y, de ser el caso, pedir la intervención de la procuraduría municipal para que se denuncie al infractor(a) que se resiste a obedecer la disposición administrativa.

“Invocamos a la población de Ayacucho a cumplir con las normas que se vienen dictando para evitar la propagación del coronavirus y evitar ser materia de sanciones administrativas e, inclusive de carácter penal, por la comisión del delito de desobediencia a la autoridad, establecido en el artículo 368° del Código Penal”, agregó Pacheco-Villar.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho señaló que ante la actual crisis de salud pública que afecta al país, es importante fortalecer la colaboración entre todas las autoridades públicas, lo cual supone diseñar y ejecutar estrategias conjuntas de fiscalización, control y sanción. Al respecto los espacios multisectoriales que brindan los respectivos comités de seguridad ciudadana creados por la Ley N° 27933, deben ser aprovechados para concertar y definir estas acciones.

Finalmente, se recordó a la ciudadanía que esta región puede presentar sus quejas, consultas y pedidos de intervención por medio de los teléfonos 945998635 y 066 316738.