Defensoría del Pueblo: una atención efectiva de las denuncias permitirá un camino sin violencia contra las mujeres

Nota de Prensa
Actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 exige una respuesta integral, institucional y especializada.

25 de noviembre de 2020 - 10:54 a. m.

Nota de Prensa N° 1427/OCII/DP/2020
      
La Defensoría del Pueblo recalcó, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que urge una atención efectiva por parte del Estado de las denuncias por casos de violencia basada en género, que se han ido incrementando tras la flexibilización de las medidas de emergencia sanitaria por el COVID-19. Asimismo, ha formulado distintas recomendaciones a los integrantes del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para fortalecer la respuesta integral frente a este problema.

De acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde enero a la fecha, 72 227 mujeres denunciaron alguna forma de violencia. Asimismo, 4544 de estas denuncias se reportaron durante la inmovilización social obligatoria (del 16 de marzo al 30 de junio) y fueron atendidas por los equipos itinerantes de los Centros Emergencia Mujer (CEM).

De otro lado, en lo que va del año 2020, ya son 126 los feminicidios consumados, 176 en grado de tentativa y 50 casos de muertes violentas de mujeres aún no esclarecidas. No menos preocupante resulta que, de enero a octubre, 4501 mujeres (en todo su ciclo de vida) hayan sido reportadas como desaparecidas y que 28, en este lapso de tiempo, (23%) fueron víctimas de feminicidio.

Esta realidad evidencia un incremento de la identificación de los hechos de violencia y de las denuncias efectuadas por las víctimas, la cuales, en muchos casos, no encontraron una respuesta adecuada por parte del Estado. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha señalado, a través de diversos informes, que es importante que se fortalezca la atención a través de un Sistema Especializado de Justicia más efectivo.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha advertido que urge una estrategia de implementación conjunta y articulada que organice la acción de este sistema en función de objetivos, resultados, acciones, indicadores y metas comunes entre las instituciones integrantes. Para ello, también se debe establecer un mecanismo de seguimiento o monitoreo de la ejecución e implementación del SNEJ, el cual debe ser una respuesta sistémica al problema de la violencia contra las mujeres.

De otro lado, una acción fundamental durante la época de pandemia ha sido el dictado de medidas de protección para garantizar la integridad de la víctima, toda vez que muchas de ellas convivían con sus potenciales agresores. Por ello, se ha instado al Ministerio del Interior a que garantice los recursos logísticos y tecnológicos a la Policía Nacional del Perú para una ejecución efectiva de estas garantías.

En el caso de la Línea 100 del MIMP, ha recomendado crear un protocolo de atención aplicable durante estados de emergencia provocados por temas sanitarios, desastres naturales o conflictos armados, que permita que el incremento de la demanda de atención esté en igual proporción que la capacidad de respuesta por parte del servicio.

Asimismo, luego de advertir la insuficiencia de defensores/as públicos/as de víctimas y especializados en violencia de género, se ha solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reforzar este servicio y fortalecer el trabajo conjunto con el MIMP. Además, se ha recomendado al Ministerio de Salud que, ante los problemas de identificación de casos de violencia en los Centros de Salud Mental Comunitarios, se deben implementar estrategias de atención y registro, y establecer mecanismos de difusión del servicio.

Por otro lado, una supervisión a 9 módulos judiciales integrados permitió advertir la falta de mecanismos para continuar con la atención del público, incluso de manera virtual. Por ello, se recomendó al Poder Judicial establecer de manera permanente canales de atención ciudadana que se ajusten a periodos excepcionales como el actual. También, se incidió en la necesidad de contar con un sistema de registro de medidas de protección y continuar capacitando a jueces y juezas en enfoque de género.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo precisó que es necesaria una mayor interoperabilidad entre las instituciones para un fortalecimiento del Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), cuya integración pasa por superar limitaciones técnicas y presupuestales. Asimismo, se recomendó al Ministerio Público reforzar la comunicación con los 34 distritos fiscales para evitar la aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio en casos de violencia contra las mujeres y emitir un protocolo que permita calificar o valorar el daño psíquico o físico.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que estas acciones integrales e interinstitucionales son fundamentales y es obligación del Estado ofrecer una respuesta oportuna e integral a las víctimas de violencia basada en género, más aún cuando vivimos un contexto marcado por la pandemia y las dificultades en el acceso a los servicios. Para un camino sin violencia, urge integrar el sistema especializado y ponerlo al servicio de las mujeres para una adecuada justicia y reparación.