Condenan a más de cuatro años a mujer que pagó para trabajar en el Ministerio Público

El Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo condenó a cuatro años y siete meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años a Lleri Silva Salas, como autora y responsable del delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado. 

Asimismo, le impuso 400 días multas equivalentes a la suma de S/ 3100, que serán pagados en 12 cuotas de S/ 258.33, el último día hábil de cada mes. Así como también una reparación civil de S/ 5000 en favor del Estado, el cual será cancelado en 15 cuotas mensuales.

Según el fallo, la sentenciada deberá seguir reglas de conducta como comparecer cada sesenta días al local del juzgado para firmar el cuaderno respectivo e informar y justificar sus actividades. Asimismo, reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo que demuestre que no cuenta con recursos.

De igual manera le estará prohibido ausentarse del lugar de donde reside sin autorización del juez, así como poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. 

“En caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal [amonestación al infractor, revocación de la suspensión de la pena]”, se lee en la resolución de sentencia.

Según el Ministerio Público, se le atribuye a Lleri Silva Salas ser la autora del delito de cohecho activo específico, en razón a que, en diciembre de 2019, habría entregado S/ 5000, a través de Anita Aliaga Tafur, al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Dr. Luis Alberto Jara Ramírez, para acceder al cargo de asistente administrativo en el Ministerio Público de la localidad.

La entrega del dinero se habría entregado en el exterior del domicilio de la investigadas Aliaga Tafur, conforme se advierte de la Disposición N.º 50-2022-1ºFSNCEDCF-MP-FN, del 7 de noviembre de 2022.

En la línea criminal desarrollada por la organización criminal “Los Patrones de Ucayali”, se tiene que entre el personal administrativo que ejercía funciones de intermediarias, se encontraba la investigada Anita Aliaga Tafur, quien ostentaba el cargo de asistente administrativa, en la Oficina de Potencial Humano del Distrito Fiscal de Ucayali. En ese contexto, la investigada Lleri Silva Salas, a fines de 2019, se contactó con Aliaga Tafur, quien le indicó que había plazas vacantes para ingresar a laborar al Ministerio Público, pero que debía realizar el pago de S/. 5 000, para ocupar el cargo recién a partir de enero de 2020.

Se ha verificado que en los meses de noviembre y diciembre de 2019, las investigadas Lleri Silva Salas y Anita Aliaga Tafur, sostenían comunicaciones telefónicas, con la finalidad de coordinar las tratativas para que sea beneficiada con una plaza administrativa, por parte del entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali.

Asimismo, se advirtió que, además de las llamadas telefónicas, entre las investigadas Lleri Silva Salas y Anita Aliaga Tafur, también se comunicaban mediante mensajes de texto. Sin embargo, a inicios de 2020, al recibir diversas excusas por parte de la investigada Aliaga Tafur respecto a la demora en la contratación de Silva Salas, esta última concurrió hasta en tres oportunidades a las oficinas de Recursos Humanos del Ministerio Público de Ucayali, a fin de exigir celeridad en la emisión de su contrato o caso contrario, la devolución de su dinero; lo que no sucedió.

En la audiencia, la imputada aceptó los hechos imputados por la fiscalía, el cual lo calificó como delito de cohecho activo específico, ilícito previsto y penado en el primer párrafo del artículo 398° del Código Penal, en agravio del Estado.

Según este artículo 398, el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.